A María Consuelo Porras Argueta le quedan poco más de cien días al frente del Ministerio Público (MP). Ya sea para reelegirse o para terminar de hacer el trabajo encomendado, que no es otro que poner el pie en el acelerador para terminar de desmantelar las investigaciones y procesos penales por casos de gran corrupción o graves violaciones a los derechos humanos.

A toda máquina sigue reacomodando a sus alfiles y colocándolos al frente de fiscalías clave para asegurarse de que las órdenes que se giran desde el Despacho Superior se cumplan y no se cuestionen. Al personal que le resulta incómodo lo traslada con la excusa de la reorganización o, con el mayor de los cinismos, aduce que se trata de una “promoción” en reconocimiento a su labor.

Casualmente, todas las personas “ascendidas” están directamente involucradas en la investigación de casos paradigmáticos y/o han logrado condenas ejemplares ante los tribunales. Y eso es precisamente lo que a la señora Porras Argueta no le gusta. Su misión, contrario a lo que debería ser su objetivo como jefa de la Fiscalía General, es garantizar impunidad a sus aliados y benefactores, empezando por Alejandro Giammattei y su círculo cercano.

A estas alturas queda absolutamente claro que el compromiso que adquirió para ser nombrada jefa del MP no fue solamente con Jimmy Morales y su clica. Fue un pacto con la alianza de las élites políticas, económicas y militares corruptas y depredadoras que precisaban sentar en el despacho de Gerona a una funcionaria que les garantizara poner a trabajar a todo vapor la maquinaria de la impunidad.

Aunque no le fue tan sencillo deshacerse rápidamente de Juan Francisco Sandoval, dado el enorme prestigio y el respaldo nacional e internacional que él, junto al equipo de la Feci, se ganó a pulso con un trabajo impecable, doña Desconsuelo cumplió con despedirlo y, no contenta con eso, con perseguirlo. En su lugar puso a un personaje tan oscuro y servil como ella, para continuar haciendo los mandados de la alianza criminal que no ceja en su empeño de convertir al país en un estado-mafia.

Por eso no sorprende pero sí indigna ver cómo el dúo Porras-Curruchiche transformó la Fiscalía contra la Impunidad en una entelequia proimpunidad, cuyo modus operandi, a grandes rasgos, puede dividirse en dos: a) clausurar los procesos judiciales, cerrar las investigaciones en curso y solicitar a los juzgados el sobreseimiento de los casos que involucran a integrantes de las redes político-económicas ilícitas y a sus aliados, y b) perseguir y criminalizar a jueces, juezas, fiscales, líderes sociales, indígenas y campesinos y periodistas independientes que son un obstáculo para concretar la dictadura de la impunidad.

A tal grado llega la desfachatez —está claro que no tienen ninguna intención de disimular— que el mismo día en que la Feci de Curruchiche solicita a la Corte Suprema de Justicia el retiro del antejuicio contra la jueza Erika Aifán, por el caso Comisiones Paralelas 2020 —una trama para cooptar las altas cortes vía las comisiones de postulación—, pide también al juzgado D de Mayor Riesgo revocar la orden de captura y archivar la investigación contra Julio Ligorría, embajador de Guatemala en Washington en tiempos del PP, señalado de los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero en el caso conocido como “Construcción y Corrupción”.

Presenciamos la venganza de los corruptos contra jueces, juezas y fiscales que a pesar del acoso y la criminalización siguen siendo independientes y no se dejan cooptar. Y asistimos a la grotesca estrategia de reelección de Consuelo Porras, que quiere dejar claro que en ella seguirán teniendo a la fiscal de la impunidad.