En cualquier país, la lucha contra la corrupción debería ser punto de encuentro de las diversas ideologías. El Salvador nos sirvió para ilustrar cómo el discurso neofascista representado por Arena fue tan ladrón como el argumento neomarxista encabezado por el FMLN. Los dos polos del espectro político tuvieron la oportunidad de realizar gestiones gubernamentales que pudieran traducirse en políticas públicas con algún beneficio para los pobladores, y el resultado está a la vista.

Guatemala tiene programadas elecciones este año, y asusta la ausencia de proyectos y sobre todo la preparación de discursos para evadir temas “delicados” y que afectan a sectores de poder, como lo son el empresariado, el sindicalismo —sobre todo estatal—, la representación académica, la preparación universitaria, los propios partidos y, por supuesto, el sistema económico mercantilista y excluyente, entre otros.

Uno de los errores más evidentes de la lucha contra la corrupción realizada es que hemos sido complacientes en batallas llevadas a cabo, casi de forma exclusiva, en el ámbito penal. Sin duda alguna, al hablar de “lucha contra la corrupción” nuestra mente se sitúa en el Ministerio Público y en la Cicig —independientemente de lo que consideremos de cada una de estas dos instituciones— y obviamos un gran entramado jurídico y político establecido para evitar que los asuntos lleguen a lo penal; por ejemplo, la necesidad de refundar la Contraloría de Cuentas o crear un nuevo proceso de contratación pública.

Sin una reforma constitucional que garantice al juez independencia, ascenso efectivo en la carrera judicial y fortalecimiento institucional constante no podrá reconvertir al Organismo Judicial. Una república sin jueces independientes no garantiza los derechos ciudadanos frente a la constante amenaza del ejercicio abusivo del poder, y por eso es oportuno citar a don Eduardo J. Couture, uno de los más grandes juristas latinoamericanos, quien dijo: “De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá, en un país y en un momento histórico determinados, lo que valgan los jueces como hombres. El día en que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo. Tratando de ordenar en un sistema de ideas los principios básicos radicales, aquellos en torno a los cuales se agrupa toda experiencia acerca de la función y del cometido del juez, yo me he permitido reducirlos a tres órdenes necesarios: el de independencia, el de autoridad y el de responsabilidad. El de independencia, para que sus fallos no sean consecuencia del hambre o del miedo; el de autoridad, para que sus fallos no sean simples consejos, divagaciones académicas, que el Poder Ejecutivo pueda desatender a su antojo; y el de responsabilidad, para que la sentencia no sea un ímpetu de la ambición, del orgullo o de la soberbia, sino de la conciencia vigilante frente a su propio destino. La sentencia podrá ser justa o injusta, porque los hombres necesariamente se equivocan. No se ha inventado todavía una máquina de hacer sentencias…, pero mientras no pueda lograrse esa máquina de hacer sentencias, el contenido humano, profundo y entrañable del derecho no puede ser desatendido ni desobedecido y las sentencias valdrán lo que valga los hombres que las dicten”.

Urge retomar la reforma constitucional en el sector justicia como centro de debate para quienes se postulen como presidente y diputados. Es imposible con lo que tenemos obtener resultados distintos, porque si bien cada vez más existen jueces independientes, la designación de magistrados de Apelaciones por un Congreso que funciona, como funciona el nuestro, es un sable que caerá sobre quienes defienden su independencia, autoridad y responsabilidad, porque la justicia es quien le pone coto al ejercicio abusivo del poder.