No tener Congresos al servicio de los habitantes y contar con diputados que solo se interesan por negocios de ocasión, origina entre otros tantos lastres, un sistema judicial obsoleto, caduco y remiso a cualquier posibilidad de cambio.

Desahuciar a un inquilino moroso o exigir que los arrendantes cumplan con sus obligaciones, discutir intereses usurarios por parte de emisores de tarjetas de crédito, resolver un conflicto de linderos, solucionar problemas entre socios, discutir inconvenientes de vecindad en los condominios, determinar el pago de un accidente de tránsito o resolver quiénes son herederos es un verdadero calvario y eso que, a propósito, dejamos de mencionar asuntos de trabajo o de familia.

Enrique Peralta Azurdia como Jefe de Estado promulgó el 14 de septiembre de 1963 el Decreto Ley 107 siendo Código Procesal Civil y Mercantil, entró en vigencia el primero de julio de 1964, en aquel entonces se señaló que “Que el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil vigente ya no está en armonía con el avance de instituciones jurídicas, ni llena las condiciones que se requieren para una pronta y cumplida administración de justicia”. Han pasado 57 años y al parecer nuestras autoridades judiciales no se han percatado que la forma en que deben resolverse los conflictos civiles, mercantiles, de familia, y en buena parte administrativos es con normas que ya no son viables y esta desidia provoca un atolladero de causas penales y amparos.

Si hiciéramos un ejercicio y le preguntáramos a un par de amigos abogados ¿Cómo se prueba una comunicación de correo electrónico?, ¿cómo se aporta un video o una tomografía como prueba? Recogeríamos respuestas distintas y evidenciarían lo absurdo de las discusiones y si a esto le sumamos que negocios, pleitos y relaciones se establecen por “chats” la cuestión se pone cuesta arriba, pero si a los colegas les consultamos ¿cuánto tarda un dictamen de expertos? Ambos dirían que si empezamos hoy con esta prueba, fundamental por ejemplo en temas responsabilidad médica o de tránsito, fácil llegamos a la Semana Santa del 2021 sin ella (suponiendo que los tribunales estuvieran abiertos y trabajando al cien por ciento).

Los asuntos penales acaparan titulares y esfuerzos pero esto en buena parte ello es porque la justicia civil, laboral, de familia, administrativa no ha podido jugar su papel para prevenir que las cuestiones se desboquen. Con procesos diseñados hace casi 60 años es imposible avanzar y ante la incapacidad de resolver la violencia se convierte en un medio con el que por desgracia estamos condenados a convivir, basta ver que la conflictividad agraria no tiene vía de resolución confiable.

La pandemia evidencia lo anquilosado de nuestro sistema de gestión judicial, salvo la Corte de Constitucionalidad que hizo en estos dos meses innovaciones interesantes y agresivas para la efectiva gestión electrónica de audiencias y peticiones, el Organismo Judicial brilla por su ausencia, y esto es en buena medida porque la modernización no la podemos entender solo como correos o copias digitales de los documentos, la cosa es mucho más compleja, el diseño de gestión ya no da para más y el sistema judicial quedó en el siglo 20. De las crisis debemos sacar lecciones y oportunidades, si pretendemos combatir la violencia, garantizar alguna reactivación económica, por lo menos, debemos plantear una reforma judicial en el área procesal civil, mercantil y de familia (supletoriamente se utiliza también para temas laborales y administrativos).

Una reforma judicial es integral y para esto se requiere de autoridades judiciales y diputados que les interesen a los ciudadanos, pero al parecer estamos lejos de esto y seguiremos en el pasado y tendremos que tener cuidado en hacer constar por notario la revelada de fotografías o videos.