Al grano
La hoja de ruta hacia una reforma
El tema aquí, entonces, es cómo articular el liderazgo cívico necesario para conseguir una reforma integral del régimen constitucional del sistema de justicia de Guatemala.
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Este artículo elabora la idea con la que concluí el anterior, en el que intentaba explicar que la falta de eficacia y la disfuncionalidad de las administraciones públicas del Estado, al igual que la corrupción incontrolable, son efecto directo del fracaso del Estado de derecho en Guatemala que, a su vez, es consecuencia directa de un diseño constitucional erróneo de las instituciones del sistema de justicia.
No se puede ser un sector influyente en la política nacional, sin asumir la correspondiente carga.
El tema aquí, entonces, es cómo articular el liderazgo cívico necesario para conseguir una reforma integral del régimen constitucional del sistema de justicia de Guatemala.
En mi opinión, ese liderazgo puede articularse desde varios sectores de la sociedad, siendo los principales el sector privado, las iglesias de mayor profundidad espiritual, algunas universidades y algunos grupos de profesionales. Por supuesto, en todos esos sectores hay guatemaltecos de diversos orígenes culturales y étnicos, pero nada obsta que concurran institutos de investigación, instituciones culturales, grupos cívicos o cosas parecidas, integrados por representantes de los pueblos originarios.
Dos o más de esos sectores debieran formular una propuesta de “hoja de ruta” para presentar a los otros sectores y discutirla con ellos. El fin del trayecto en esa ruta sería una reforma integral del sistema de justicia, tanto a nivel constitucional como de las leyes de desarrollo. Una vez alcanzado un consenso sobre la hoja de ruta entre los sectores que enfrentaran con sentido cívico su responsabilidad histórica, la propuesta debiera presentarse a la ciudadanía.
Para ese efecto, los líderes de la nación debieran organizar foros abiertos, presentaciones, conferencias y debates públicos, y recabar por los medios tecnológicos actualmente a disposición tantas opiniones autorizadas como sea razonable, para reformular la hoja de ruta con base en la retroalimentación recibida.
Además, sería sumamente importante realizar encuestas independientes, de manera que pudiera conocerse hasta qué punto se ha cosechado un respaldo ciudadano favorable a la propuesta. Si así fuera, todos los sectores que hayan asumido el liderazgo cívico en ese proceso pasarían a exigir públicamente al jefe del Estado promover la reforma constitucional y legal de las instituciones de justicia para rescatar el ideal del Estado de derecho.
La hoja de ruta debiera acompañarse de estudios e investigaciones de expertos de reconocido prestigio internacional sobre las bases de organización de un sistema de justicia independiente e imparcial, abarcando todos sus elementos, de manera que la reforma fuese aprobada sobre bases sólidas y nutridas por el acervo y las experiencias vividas en estas cosas alrededor del mundo.
No hay garantía de que el jefe del Estado promoviera la reforma planteada ni de que los partidos políticos con representación parlamentaria la aprobaran en los términos deseados; sin embargo, si el proceso se respaldara desde un inicio por los sectores más importantes de la sociedad guatemalteca y sus elementos fueran sometidos a la ciudadanía, recabándose su apoyo, los políticos y el jefe del Estado cometerían un suicidio político si lo rechazaran y cargarían con la responsabilidad histórica de haber dejado al país sumido en la más lamentable disfuncionalidad política y administrativa, habiendo tenido la oportunidad de restaurar la justicia.
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