Las alarmas han saltado en el Organismo Judicial (OJ). Son varios los jueces que se muestran temerosos por las medidas que ha tomado el presidente de ese poder, Nester Vásquez Pimentel, entre ellos el nombramiento del nuevo director de Seguridad, Roberto Mota Bonilla, quien llegó procedente del gobierno de Jimmy Morales. Entre los señalamientos contra Mota Bonilla están sus vínculos con militares, la pérdida de comunicación, falta de atención a casos concretos y que los jueces se sientan vigilados en lugar de recibir apoyo. Incluso se habla de guardaespaldas que graban conversaciones familiares de jueces, y el juez Miguel Ángel Gálvez dice que temen por sus vidas. A tal grado ha llegado el desasosiego que los sindicalistas de ese organismo han exigido la inmediata destitución de Mota Bonilla, al que califican de déspota, incapaz y violador de derechos humanos, entre otros calificativos.

Va a ser muy difícil que el presidente del OJ dé marcha atrás en el nombramiento de Mota Bonilla por una sencilla razón: sus compromisos con Jimmy Morales y el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar. El nuevo director de seguridad no solo fue el número dos de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) y luego asesor del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, sino que es muy cercano al presidente Morales, con quien fue compañero de estudios en el doctorado en Seguridad Estratégica, en la Universidad de San Carlos.

Ese posgrado fue diseñado por el general Ricardo Bustamante y recibió apoyo económico de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que era dirigida por ese militar, en tiempos del gobierno del Partido Patriota. Bustamante formó parte de la rosca cercana de Pérez Molina y luego pasó a la juntita de Jimmy Morales. Del entorno de ese doctorado es también Jorge Luis Donado Vivar, exasesor de Bustamante y ahora procurador General de la Nación, el mismo que interpuso un antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que resolvieron a favor de la Cicig.

Entonces, no estamos hablando de la contratación de Mota Bonilla como un profesional en particular, sino de la cooptación del OJ para la estructura proimpunidad que involucra ahora a los tres poderes del Estado. Por algo los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han hecho más cuates con sus “almuerzos informales”, de los que no informan sobre la agenda que tratan. Un misterio que comenzó a ser destapado cuando el diputado Fernando Linares Beltranena dijo que entre los temas abordados por los tres presidentes entre vianda y vianda estaba la derogatoria del decreto que dio vida a la Cicig. Sin embargo, a esa rosca a alto nivel le faltaba una pieza clave: el control de los jueces. Para esa tarea, lo mejor era llevar a un cuadro proveniente del gobierno, especializado en inteligencia.

El juez Miguel Ángel Gálvez recuerda, en una entrevista con Nómada, que en enero pasado el presidente Morales dijo que instruyó a la PGN para iniciar procesos contra fiscales y jueces. Hasta la fecha el presidente del OJ no ha dicho nada sobre esa declaración que vulnera la independencia de poderes, ni ha defendido a los jueces. Al contrario, Vásquez Pimentel nombró a Mota Bonilla, que proviene de ese gobierno amenazador. A eso se agregan denuncias de que el nuevo director de seguridad ha contratado a exmiembros de la SAAS para que vigilen a funcionarios judiciales y que expulsen de la Torre de Tribunales a personal de la Cicig. Uno de los casos más graves fue la agresión que sufrió el juez Pablo Xitumul por parte de un inspector de la PNC, pero al tratar de comunicarse por teléfono y por mensajes de texto con Mota Bonilla, este nunca respondió. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia para controlar y desestabilizar a los juzgadores incómodos para los corruptos.