Aunque hay innumerables características que comparten la mayoría de los políticos guatemaltecos, hay una que les sale muy natural. Durante la campaña se esfuerzan por disimular su veta autoritaria y hasta firman compromisos de respeto a los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Se muestran simpáticos con la prensa, bueno, con casi toda la prensa; critican al gobierno saliente por sus ataques contra los medios y prometen respetar la libertad de expresión, garantizar el libre acceso a las fuentes de información y tener una política de “puertas abiertas” y transparencia.

Pero una vez transcurridas las primeras semanas de gobierno, las críticas dejan de ser “la música de la democracia” —como dijo el expresidente Vinicio Cerezo— y las y los periodistas y medios independientes pasan rápidamente a la lista de los adversarios, cuando no de los enemigos del nuevo inquilino de la casa presidencial.

Entonces empiezan por reducir el número de medios convocados a las conferencias de prensa, a sacar colegas de los grupos de chat que se habilitaron para “facilitar” la comunicación, a limitar el acceso a la agenda de actividades y a restringir el ingreso a las instalaciones donde se realizan. Estas estrategias casi nunca dan resultado, porque quieran o no, a la salida de un acto público, en el medio de una inauguración o en plena conferencia de prensa “controlada” aparecen las preguntas que no se quieren escuchar y, en vez de respuestas, lo que se tiran son dardos envenenados contra las y los colegas que osaron molestar con sus cuestionamientos “impertinentes” a quien piensa que su gobierno es el mejor de los últimos 50 años.

Pero en países como el nuestro, las repercusiones para quienes ejercen el periodismo con independencia no quedan ahí. A las expresiones “sarcásticas”, como la utilizada recientemente por Alejandro Giammattei contra los colegas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, al calificarlos como “el combo”, le siguieron ataques sostenidos en las redes sociales por un ejército de netcenteros contratados como parte de una estrategia de guerra sucia en la opinión pública. Antes ya habían sufrido amenazas, intimidaciones y vigilancia.

En Chiquimula, el 3 de marzo de este año fue asesinado el periodista Bryan Guerra, de 25 años, quien además era el vicepresidente de la Red de Comunicadores Sociales del departamento. El 11 de junio, en el medio del estado de Sitio impuesto en tres municipios de Sololá, mientras realizaba su trabajo para el canal de cable Nim TV, de Santa Lucía Utatlán, fue detenido ilegalmente por la PNC el periodista Francisco Chom Xum, bajo la falsa acusación de portar municiones y armas de fuego. El colega permaneció una semana preso, sin haber sido escuchado por un juez, y sufrió vejámenes en la prisión. Tras la audiencia de primera declaración, se le decretó falta de mérito.

El 23 de junio, en Cunén, Quiché, un grupo de soldados rodeó, intimidó y borró las fotos del teléfono celular del periodista Juan Carlos Botón, quien cubría la emergencia sanitaria por la covid-19 y se percató de que los militares no utilizaban mascarillas. Y así podríamos seguir, porque entre enero y abril de 2020 la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) reportó 28 casos de ataques en 13 departamentos.

Las autoridades deben comprender la gravedad que supone para la integridad física de quienes ejercen el periodismo, el que desde el poder público y la presidencia de cualquiera de los organismos del Estado se descalifique, desprestigie y criminalice a medios y periodistas independientes. Esto da pie a que se desborde la intolerancia y se acrecienten los ataques que pueden incluso terminar en represión y asesinatos.