Imagine que por azares del destino usted atropella a una persona y se lo llevan detenido a una oscura y sucia celda. Lo mezclan con mareros, asesinos, sin ninguna consideración. ¿No sería esto una pesadilla, sobre todo sí usted es inocente?

Guatemala es un país en el cual el sistema de justicia ha colapsado. No digamos la estructura penitenciaria, que es un caos, donde además se abusa de la prisión preventiva de una manera arbitraria y brutal, violando los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Nuestro sistema de justicia tiene entre todas sus falencias y miserias la gran falla de encarcelar a personas por faltas y delitos menores, y no solo esto, sino también la prolongación innecesaria de la prisión preventiva antes de ir a juicio.

Se estima que dos de cada tres personas que están en la cárcel guardan prisión preventiva sin recibir condena. Es decir, más del 50 por ciento de los privados de libertad se encuentran en estas condiciones. Ya sea porque ni siquiera han ido a juicio o porque están en un proceso entrampado y burocrático.

Cientos de personas que guardan prisión preventiva desde hace varios años sufren porque los procesos no avanzan —incluso algunos han fallecido en la espera—, esto muchas veces provocado por el exceso de juicios y otras por falta de pruebas concretas, lo que obliga a los jueces a esperar a que el Ministerio Publico las consiga y presente.

La aplicación de la prisión preventiva en Guatemala es un problema de derechos humanos, porque al enviar a una persona directamente a la cárcel y dejarla en esta situación por años, sin un juicio, además de vulnerar la presunción de inocencia, se destruye emocionalmente a un ser humano —que posiblemente es inocente—, y no solo a él, sino a toda su familia.

El abuso de la prisión preventiva es un estigma que viven miles de guatemaltecos. Y la legislación al respecto debe corregirse de inmediato, porque cualquiera podría llegar a ser víctima de un perverso sistema de justicia como el que tenemos.

En ciertos casos no existen evidencias contundentes que los señalen de haber cometido los delitos que se les imputan. No trato de defender a nadie, pero sí señalar a los jueces que aun sin contar con pruebas insisten en mantenerlos en prisión sin solucionar la situación. Los jueces deben tener el criterio de hacer un análisis exhaustivo de los casos y otorgar medidas sustitutivas acordes a cada caso. Y obviamente cumplir con los plazos establecidos por la ley.

Uno de los casos más emblemáticos que ha impactado a la sociedad y además ejemplifica esta justicia injusta es el caso Asalto al Ministerio de Salud, el cual está colmado de desigualdades, nepotismo y arbitrariedades en la toma de decisiones, en el cual se escuchó a un “colaborador eficaz” que luego desapareció del mapa. Después darle medida sustitutiva al exministro Villavicencio, su hija y un exdiputado, supuestos cabecillas de esta estructura, es una burla para el caso. Mientras los otros 19 detenidos, aún se encuentran algunos sin haberles siquiera indicado cuál es su delito, desde hace aproximadamente casi 150 días, violando así el artículo 21 del Código Procesal Penal, que establece: Igualdad en el proceso. “Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen, sin discriminación”.

El MP solicitó la orden de captura, acusándolos por entre tres y cinco delitos, y después de 80 días de prisión preventiva, ante la falta de pruebas, fueron imputados por únicamente un delito y diferente al cual habían sido acusados. ¿Es acaso esto justo? Los brazaletes obviamente podrían resolver esto y el problema de la sobrepoblación en las cárceles.