El miércoles pasado recordábamos los 40 años del asesinato de Manuel Colom Argueta. A raíz de la columna, un amigo me decía: “Dale con la historia, ya basta de eso. Debemos ver para adelante”. A lo que respondí: “Al contrario, este es el momento de buscar la historia y encontrar dentro de ella luces importantes para tejer respuestas a nuestra realidad”. De ahí esta reflexión.

¿Qué pasaba con la administración de justicia durante los regímenes militares y represivos? Simplemente no existía, ante los asesinatos de Alberto Fuentes Mohr, en enero, y Manuel Colom, en marzo, ambos en 1979, la investigación judicial se quedó en devolver los vehículos en los cuales se conducían las víctimas y punto. Durante los gobiernos militares se estructuró un sistema judicial cómplice de los horrores, y si bien existieron jueces valientes enfrentados al abuso, estos fueron callados o también asesinados.

No existe ninguna posibilidad de construir un sistema republicano si no se garantiza la independencia del juez frente al poder, sobre todo en países como el nuestro, donde la historia de minar al sistema judicial es constante. Si se quiere construir un sistema judicial efectivo, el proceso desarrollado tras el asesinato, el 11 de septiembre de 1990, de Myrna Mack debe estudiarse de manera seria —durante el gobierno de Vinicio Cerezo—.

El caso Mack fue el primer proceso judicial en donde se pudo comprobar que la orden de asesinar a una persona surgió de altos mandos militares. El sistema de justicia estableció que sí existió una orden, tomada por un funcionario en el ejercicio de su cargo, para acabar con la vida de una antropóloga que hacía trabajos de investigación. Noel de Jesús Beteta Alvarez, asignado al Departamento de Seguridad Presidencial del Estado Mayor Presidencial, fue condenado como hechor material; sin embargo, el crimen se cometió con otras personas que, a la fecha, no han sido identificadas. A la víctima se le siguió, controló y vigiló por un año, utilizándose logística estatal.

Fue también condenado por asesinato quien fungía como jefe del Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial, Juan Valencia Osorio, a quien se le impuso una pena de 30 años de prisión. La sentencia de casación fue firmada por Napoleón Gutiérrez Vargas, Héctor Aníbal de León Velasco, Marieliz Lucero Sibley —con voto disidente— e Hilario Roderico Pineda Sánchez.

A la fecha, Valencia Osorio está prófugo y es fácil suponer que esa calidad solo se puede gozar con favor oficial, de ahí la evidencia de una institucionalidad precaria y porosa, pero también de un ejército que se niega a reconocer los derechos humanos como fundamentales en su actuar. El caso Mack abrió la posibilidad para que otros casos fueran llevados a los tribunales y consiguieran justicia, hemos sufrido violencia por decisiones tomadas desde alguna función pública militar o civil. Por su compromiso en la investigación del caso Mack, el policía José Miguel Mérida Escobar fue asesinado el 5 de agosto de 1991, a pasos de la sede de la Policía, en el parque Gómez Carrillo. Él mismo había anunciado que lo asesinarían. Lo mataron porque su informe fue fundamental para dar con los asesinos de Myrna Mack.

El caso Mack fue parcialmente resuelto por la persistencia de la familia, que supo enfrentar un sistema de justicia caduco e inhumano. Pero la justicia no puede depender de quijotadas si buscamos un sistema republicano. Reconozcamos el pasado y enfrentemos el futuro con propuestas que garanticen la independencia judicial. No tenemos otra opción, sobre todo cuando se han visto decisiones “administrativas” de la Corte Suprema de Justicia y en especial de su presidente para debilitar la independencia de jueces en estos días.