Civitas

La Ley de Brandolini y la política del ruido

Se conoce como la Ley de Brandolini, que aunque no es una ley de verdad, sostiene que desmentir una tontería requiere muchísimo más esfuerzo que producirla.

Hace poco descubrí un concepto que se manifiesta constantemente en lo que veo en redes sociales, en las noticias o en conversaciones personales. Alguien que admiro mucho me contó de un principio muy simpático. Se conoce como la Ley de Brandolini, que aunque no es una ley de verdad, sostiene que desmentir una tontería requiere muchísimo más esfuerzo que producirla.

¿Será entonces que ahora la agenda pública se mueve al ritmo del algoritmo y no al ritmo de las prioridades del país?

Claramente, no podía dejar de pensar en los tiempos que vivimos en Guatemala. No solo por el debate público tan raro y hostil que se da en redes sociales, sino por algo más específico que ocurre cada cuatro años antes de las elecciones. Estamos en un período raro, no establecido por la ley, pero que parece una pre campaña política. No están tan lejanas las elecciones generales, pero precisamente por eso cada día aparecen nuevos personajes buscando afiliaciones a sus partidos u opinando sobre cualquier tema de coyuntura.

Reaccionan, ahora sí, a decisiones del Gobierno, comentan sobre lo que debería o no suceder en el Congreso, se vuelven expertos en publicar videos denunciando problemas que, curiosamente, nunca percibieron hace dos o tres años. De repente hay tantos políticos con posturas sobre todo. Y casualmente esa transformación de conciencia coincide con el inicio del posicionamiento de quienes seguramente van a aspirar a competir en las elecciones del 2027.

Es acá donde entendí que la Ley de Brandolini explica una parte importante de esta estrategia política. No importa si las posturas de estos personajes políticos son simplistas, incompletas o incluso totalmente falsas. Lo que importa es que generan suficiente tráfico en sus redes, o suficiente indignación para llamar la atención. Con eso también logran que ciudadanos dediquen horas a verlos o incluso a responderles. Mientras discutimos si tenían razón o no las tantas declaraciones de estos políticos, ellos consiguieron exactamente lo que buscaban: ponerse en el centro de la conversación pública.

La Ley de Brandolini se traduce en que la atención se ha convertido en un recurso que puede ser capturado de una forma muy barata. Un video de menos de un minuto con interpretaciones a conveniencia, declaraciones sin cuidado o simplemente entretenimiento político puede lograr atraer a miles de personas rápidamente y tampoco requiere mucho esfuerzo. Sin embargo, responderlo requiere revisar información, matizar y explicar con argumentos. Por eso, la mentira —incluso la exageración— viaja rapidísimo, pero la verificación toma tiempo.

Mientras discutimos la viralidad del día y tratamos de darle sentido a lo que estamos viendo o escuchando, dejamos de hablar de cuestiones importantes o de trascendencia. Ya no es sobre el sistema electoral, la calidad de los partidos políticos, la independencia de las instituciones o siquiera algunas de las reformas que el país necesita. La agenda se vuelca a responder noticias del momento, declaraciones a través de videos de Instagram, TikTok o algún X que se volvió controversial.

¿Será entonces que ahora la agenda pública se mueve al ritmo del algoritmo y no al ritmo de las prioridades del país?

Esta dinámica tiene una consecuencia peligrosa en un año preelectoral, porque termina premiando a quienes logran hacer más ruido y no necesariamente a quienes tienen mejores propuestas o mayor capacidad de análisis para resolver problemas.

El problema es que no podemos vivir únicamente de reacciones. Debemos ser ciudadanos críticos, dispuestos a informarnos, aunque eso requiera tiempo. El costo de no hacerlo siempre será mucho mayor porque significaría dejar que otros definan el rumbo del país por nosotros.

ESCRITO POR:

Christa Walters

Politóloga egresada de la Universidad Francisco Marroquín. Presidenta Ejecutiva del Movimiento Cívico Nacional, una asociación civil que promueve la consolidación de una verdadera República en Guatemala.