No cabe ninguna duda de que los diputados se recetaron la Ley de Aceptación de Cargos para dejar en la impunidad los casos de corrupción en los cuales están implicados. Quisieron vender la idea de que la reforma al Código Procesal Penal es un avance porque servirá para descongestionar el sistema judicial, en la medida que los juicios sean cortos y la aceptación de un delito tenga un beneficio. Sin embargo, el decreto 10-2019 fue aprobado a la medida de los intereses de quienes están acusados por asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos, defraudación tributaria, contrabando aduanero, financiamiento electoral ilícito, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones, concusión, fraude, peculado por sustracción, testaferrato, cohecho activo, cohecho pasivo y falsedad ideológica, entre otros. Se trata ni más ni menos de los delitos en los que están implicados diputados, alcaldes, funcionarios gubernamentales, dirigentes políticos como Sandra Torres, el presidente Jimmy Morales y sus amigos empresarios.

La Corte Suprema de Justicia presentó en el 2017 una iniciativa que se basaba en el principio de la justicia premial. Planteaba la reducción de penas a quienes aceptaran su responsabilidad en los delitos que les imputaran a cambio de colaborar con el Ministerio Público (MP) en las investigaciones, así como reparar el daño cometido por medio del resarcimiento a las víctimas o al Estado. Los diputados vieron la propuesta con desdén porque implicaba tener que convertirse en colaborador eficaz, o sea delatar a sus propias mafias, además de despojarse de la riqueza mal habida. Ahora, cuando ya falta poco para que termine la presente legislatura, un grupo de diputados se apresuró a darle vuelta a la iniciativa de la CSJ para quitarle dientes y convertirla en un instrumento proimpunidad. Entre las joyas que aceleraron la aprobación de esa aberración están Felipe Alejos, Fernando Linares, Álvaro Arzú Escobar, Julio Lainfiesta, Boris España, Juan Manuel Giordano, Carlos López, Estuardo Galdámez, Delia, Bac, Armando Escribá, Julio Lainfiesta y Óscar Quintanilla, entre otros.

La ley no solo permitirá reducir penas hasta en un 50%, sino que los diputados no aprobaron la obligatoriedad de colaborar con el MP en calidad de testigos. Originalmente la iniciativa de la CSJ señalaba que el incumplimiento de esa condición significaba la pérdida de los beneficios de reducción de penas. La reforma también eliminó lo referente a la obligatoriedad de la reparación digna a las víctimas y la devolución íntegra del patrimonio saqueado al Estado en beneficio propio o de terceros. Entonces, el Congreso aprobó esta ley solo para beneficiar a los criminales de cuello blanco, pero sin que signifique un avance para la investigación penal, y los delincuentes se podrán quedar gozando de la riqueza mal habida.

El decreto es mucho más pernicioso porque abre la puerta para que las bandas criminales también sean favorecidas. El penalista Rodolfo Pérez Trabanino dijo a Prensa Libre que las reformas desarticularán el sistema penal porque abarcan delitos cometidos por el crimen organizado como robo de carros, celulares, casas, estafas, fraudes y el narcotráfico asociado al lavado de dinero. En el caso de los pandilleros podrían ser favorecidos porque podrían utilizar las figuras de la obstrucción extorsiva de tránsito y las exacciones intimidatorias, las cuales no están entre las exclusiones de esa ley. Por eso es urgente evitar que el decreto 10-2019 entre en vigencia, porque de hacerlo instaurará un régimen de impunidad. Esta legislatura ha sido quizá la peor de la historia del país porque sigue los lineamientos de un grupo de diputados corruptos y criminales que ha puesto a los guatemaltecos en grave riesgo de caer en un estado de total indefensión.