La exclusión de Guatemala de la Cumbre por la Democracia, organizada por Estados Unidos, es la muestra más clara de cómo es percibida en el exterior la narcocleptocracia que ha copado la mayoría de espacios en el país. Ese es el gran logro de la corrupta alianza que sostiene el presidente Alejandro Giammattei con Zury Ríos, Sandra Torres y el narcopartido UCN. Ellos son los responsables de que se haya roto la división de poderes porque controlan los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con lo que han puesto al Estado a su servicio. Nada satisface sus ambiciones de poder y saqueo de los recursos del Estado, lo cual han logrado con el apoyo de la cúpula del sector privado. La más reciente hazaña del pacto de corruptos ha sido la privatización de la autopista a Puerto Quetzal, en Escuintla, una carretera construida con fondos públicos que dejaron deteriorarse para justificar esta barrabasada, aceitada con sobornos del sector empresarial.

Si ya en el exterior Guatemala no es considerado un país democrático es porque esa alianza se ha convertido en una dictadura de la corrupción. Zury Ríos, Sandra Torres y la UCN no son oposición porque cogobiernan con el débil partido Vamos, de Giammattei, y han socavado el principio de pesos y contrapesos que definen a una democracia. Se han apoderado de la Corte de Constitucionalidad y controlan el Ministerio Público, la Contraloría General y el Tribunal Supremo Electoral. No solo han propiciado la ruptura del estado de Derecho, sino que lo han acomodado a sus intereses. Así, ya tienen preparada a la CC para que dé luz verde a la candidatura de Ríos y han utilizado al TSE para que Torres recupere el control de la UNE, además de que se hagan de la vista gorda de la cancelación de este partido, así como del narcopartido UCN.

El despojo de la inmunidad del diputado Aldo Dávila es una muestra clara de cómo esta alianza corrupta trata de eliminar a sus opositores. El argumento esgrimido en contra de este parlamentario es por demás risible porque se basa en un recurso planteado en su contra porque supuestamente se expresó de manera incorrecta y antiética contra el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar. La mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio contra Dávila, pese a que los diputados gozan del derecho a la irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo, según el inciso B del artículo 161 de la Constitución. Esos mismos magistrados son los que en cuatro ocasiones han evitado que se despoje de su inmunidad al diputado Felipe Alejos, aliado del presidente Giammattei, no obstante que el exfiscal Juan Francisco Sandoval tenía evidencias contundentes de su implicación en el caso Traficantes de influencias.

La investigación penal también ha sido cooptada por la alianza criminal. La señora Consuelo Porras, señalada de plagiar su tesis doctoral, ha puesto al servicio del pacto de corruptos al Ministerio Público. Solo así se entiende que haya pedido la captura de la dirigente indígena Nanci Chiriz Sinto y del activista Juan Francisco Monroy por haber hecho pintas en el Congreso el 21 de noviembre del 2021. Sin embargo, Porras no investigó las denuncias contra el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, por las acciones represivas que llevó a cabo ese mismo día y en el que una de las víctimas fue precisamente Chiriz Sinto. El objetivo del pacto de corruptos es criminalizar la protesta ciudadana y para ello Porras ha puesto al Ministerio Público de alfombra. Esa es la realidad de un Estado que ha sido capturado por estas estructuras políticas, aliadas al crimen organizado. Entonces, que no se extrañen de que en el exterior se ubique a Guatemala entre los países antidemocráticos.