El mensaje de Michael Kozak, secretario adjunto interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de EE. UU., a Consuelo Porras fue contundente: “El Fiscal General tiene el deber de perseguir las denuncias legítimas de corrupción dondequiera que lleven. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción de la Feci”. No era la primera vez que Estados Unidos lanzaba señales acerca de esta situación anómala que ocurre en el Ministerio Público, pero es obvio que las alertas han saltado últimamente debido a las acciones que Porras ha enderezado en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval y los demás integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, heredera del trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Ese ambiente enrarecido se ha filtrado al exterior y ahora son un secreto a voces las acciones hostiles que se multiplican contra Sandoval.

El señalamiento de Kozak ocurrió luego de que se conociera que Porras dio trámite a nueve procesos administrativos contra Sandoval y los fiscales Carlos Vides, Carlos de León y Virginia Laparra, todos miembros de la Feci. Nueve de las denuncias provienen de personas que han sido señaladas en investigaciones de esa fiscalía y que mantienen una férrea oposición a la lucha contra la corrupción. Pero lo realmente lamentable es que las tres denuncias restantes provengan de los asesores de Porras, lo cual significa que, en lugar de brindar apoyo a la Feci, existe un fuerte hostigamiento que proviene precisamente del entorno de la fiscal general. Basta saber que el secretario de Política Internacional del MP, Ángel Pineda, comparte ataques contra Sandoval y la Feci en redes sociales. Esta es una situación grave porque se evidencia hostilidad de Pineda, quien es muy cercano a Porras.

Desde el gobierno de Jimmy Morales, los grupos proimpunidad buscan desarticular toda forma de lucha contra la corrupción. Diputados, empresarios, militares, funcionarios de gobierno y activistas de ultraderecha mantienen un clima de hostigamiento que en las últimas fechas se ha dirigido contra el fiscal Sandoval y tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ante la posibilidad de un cambio político en Estados Unidos, tras las próximas elecciones, preparan el camino para fortalecer esa alianza proimpunidad. Sin embargo, no entienden que llegue quien llegue a la Casa Blanca tendrá que reforzar su política hacia Guatemala encaminada a fortalecer el estado de Derecho y, por supuesto, en contra de estos intentos por consolidar una dictadura de la corrupción y la impunidad. Las señales que llegan de Washington cada vez son más directas, como lo pudo comprobar la señora fiscal general.

¿Por qué habría tanto acoso contra la Feci en el MP? Entre las posibles respuestas no sería raro encontrar un eventual interés de Porras de lograr su continuidad al frente del Ministerio Público por otro período. Eso pasa, necesariamente, por conseguir el apoyo de sectores políticos a los cuales no les gusta nada el trabajo del fiscal Sandoval. No se puede olvidar que, tras su llegada al MP, Porras se distanció de Iván Velásquez y la Cicig, así como lanzó una cacería de brujas contra la ex fiscal general Thelma Aldana. Ese parecía ser el pago a Jimmy Morales por haberla colocado como fiscal general. Otro tanto es la búsqueda de congraciarse con el presidente Alejandro Giammattei, como lo demostró cuando le retiraron a la Feci el caso del IGSS y dos asesores de Porras dijeran que esta fiscalía debió actuar “de forma respetuosa y cordial” con el actual mandatario, “dada su alta investidura”. Pareciera que la política de la Fiscalía General es ponerse de alfombra con tal de que haya una continuidad en la jefatura del Ministerio Público.