“Los incendios en las Amazonías son una vergonzosa denuncia de nuestra lujuria por el exceso”, sentencia un titular del izquierdista periódico británico, The Guardian. Pregonan la desaparición del bosque, con consecuencias devastadoras para el planeta. La organización Greenpeace protestó en contra de las cadenas de comida rápida de McDonalds, Burger King y Kentucky Fried Chicken, culpándolas de los incendios. Alegan que los bosques tropicales se salvarían si dichas empresas no compraran la carne, el pollo y la soya producidas en Brasil.

En contraste, el gobierno brasileño insiste que los incendios son equiparables a los de años anteriores. Los detractores políticos del presidente Jair Bolsonaro quieren desprestigiar su gestión. La foto de la NASA que desató el pandemonio se acompañó de una aclaración: dichos bosques suelen arder en esta época. La revista Nature dice que la cobertura de los árboles tiene una extensión de 865 mil millas cuadradas mayor a la registrada en 1982.

¿Quién dice la verdad? Al margen de quién nos persuada, este caso ilustra la politización del movimiento ambiental. El discurso ecológico ha sido cooptado por la izquierda radical. La investigación científica es interpretada por políticos, por lo menos desde aquel 22 de abril de 1970, cuando el gobernador Gaylord Nelson organizó el primer Día de la Tierra. Su fin explícito era presionar a los diputados para que aprobaran legislación conservacionista.

O quizás el matrimonio entre los políticos y los verdes nació antes, en Europa. Así lo ve el inglés Rupert Darwall, quien en el 2017 publicó el libro Tiranía verde: exponiendo las raíces totalitarias del complejo industrial del cambio climático. La Organización de Naciones Unidas tomó interés por temas ambientales en los años 60 y 70, explica Darwall, gracias a unos políticos socialistas de Suecia. Ellos promovieron la creación de instituciones ambientalistas internacionales, cuyos personeros se convirtieron en “expertos”, no por sus aportes científicos, sino en virtud de los cargos oficiales que ocupaban. Así, promovieron una legislación favorable a sus financistas.

La calidad del ambiente preocupa a Darwall, pero duda que otorgar cada vez más poder a los políticos sea la solución. Otro libro que sirve de advertencia es Ambientalismo Político (Hoover Institution Press, 2000), editado por Terry Anderson. Uno a uno, los capítulos describen luchas y conflictos de interés, el tráfico de influencias, la competencia entre agencias estatales por captar fondos verdes, y complejas batallas burocráticas. Las burocracias crecen en tamaño y atribuciones, requiriendo más presupuesto. Las leyes se modifican para darle al gobierno más poder discrecional. Se producen extrañas alianzas y oscuras búsquedas de renta. Muchos usan la bandera verde por conveniencia, no convicción.

Como Darwall, Anderson y sus coautores nos ayudan a entender el manejo político de las Amazonías. Una de las consecuencias más nefastas de esta cooptación es que está matando también a la ciencia. Las hipótesis científicas son refutables, y los avances en conocimiento ocurren en entornos libres. Pero la inversión por los aparatos políticos y oenegeistas en un mensaje alarmista obliga a la comunidad científica a alinearse con el programa propuesto, sobre todo si depende del financiamiento estatal. Las voces disidentes son silenciadas, y se impone el mantra: solo los gobiernos, cual dioses, pueden salvar la naturaleza.

Es ingenuo esperar curas milagrosas del Gobierno. Debemos comprender que la libertad, la transparencia y los derechos de propiedad son aliados, no enemigos, del ambientalismo.