Estados Unidos
A contraluz
La reconstrucción de la Fiscalía General
Guatemala no necesita un jefe del MP aliado del gobierno, ni subordinado a intereses ideológicos.
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La tarea de Gabriel García Luna al frente de la Fiscalía General será colosal. Consuelo Porras y su banda se dedicaron durante ocho años a socavar el Estado de derecho y a debilitar la investigación penal. A partir del 17 de mayo, cuando asuma el nuevo jefe del Ministerio Público (MP), tiene que haber un cambio de rumbo porque la actual estructura de impunidad persiguió a fiscales, jueces y magistrados por combatir la corrupción y, en cambio, protegió a los criminales.
El país requiere un fiscal que comprenda que la justicia dejó de ser creíble porque fue secuestrada por quienes debían defenderla.
Para muestra un botón: ayer, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), aún se atrevió a pedir una orden de captura contra Marco Livio Díaz, exjefe de la SAT, quien reveló la existencia de una red de 410 empresas que defraudaron más de Q300 millones. A Curruchiche jamás le interesó investigar esa estructura; ahora se va contra quien la denunció. Esta acción es un desafío contra García Luna. Es un intento de dejar casos amarrados de impunidad que afecten la credibilidad del nuevo funcionario.
Es claro que el reto más urgente es la depuración interna de la Fiscalía General. No basta con sustituir a Porras si permanecen intactas las redes de fiscales y operadores que durante años fabricaron expedientes contra adversarios y garantizaron la protección de personajes vinculados al saqueo del Estado. Debe ser investigado cada funcionario que utilizó el aparato judicial para perseguir a críticos y opositores, así como quienes encubrieron la corrupción. Sin una limpieza profunda, el MP seguirá siendo una institución devastada, aunque cambie el rostro de su dirección.
Otra preocupación es el rescate de pruebas, expedientes y evidencias comprometedoras. Desde que Porras no integró la nómina de seis candidatos a dirigir el MP comenzó el proceso de destrucción de esos documentos. Quienes han controlado el sistema de impunidad saben qué los puede incriminar y conocen los mecanismos para borrar rastros. El nuevo fiscal deberá actuar con rapidez para evitar que la sombra de la impunidad se blinde desde adentro.
Entre los retos externos, García Luna deberá sopesar varios escollos: el pacto de corruptos conserva influencia en tribunales, estructuras burocráticas, sectores económicos y grupos beligerantes de la ultraderecha, como Fundaterror, que ven cualquier intento de independencia judicial como una amenaza a sus intereses. No aceptarán en forma pasiva que el MP deje de funcionar como su escudo protector e instrumento de ataque. La resistencia será feroz y podrían utilizar cualquier recurso para obstaculizar la labor del nuevo fiscal.
Desde el Congreso se comienza a percibir ese alineamiento contra un MP independiente. En los últimos dos años, la mayoría de los diputados se negó a modificar la Ley Orgánica del MP para permitir que el presidente pudiera destituir a la fiscal. Ahora las bancadas Cabal, Valor, Vamos, Todos y UNE condicionan la aprobación de la ley contra el lavado de dinero a cambio de reformar la normativa del MP, para que el futuro fiscal sí pueda ser destituido por el mandatario. Ese simple hecho demuestra que esos partidos se sentían protegidos por Porras y ahora quieren atarle las manos al nuevo fiscal.
Guatemala no necesita un jefe del MP aliado del gobierno, ni subordinado a intereses ideológicos. Requiere alguien que comprenda que la justicia dejó de ser creíble porque fue secuestrada por quienes debían defenderla. La responsabilidad de García Luna es monumental: de sus decisiones dependerá si el país comienza la reconstrucción del Estado de derecho o si, por el contrario, el relevo solo será un cambio cosmético dentro del mismo sistema de impunidad.
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