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La salud mental en Guatemala

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció, en el 2021, que hay una relación bidireccional entre la pobreza y las condiciones de salud mental y el uso de sustancias psicoactivas.

La joven de 16 años es asesinada de trece balazos en la cabeza; el hecho sucede en una parada de bus, a plena luz del día, a la vista de personas de todas las edades, incluyendo niñas y niños. Una mujer muere por mala práctica del cirujano plástico que la opera y luego es mutilada por él antes de intentar desaparecerla; el hecho sigue impune, a pesar de la abundante evidencia en contra del doctor. Mucha gente pasa, cada día, un mínimo de tres horas en el tráfico y, a la menor provocación de un bocinazo, desenfundan la pistola.

Depresión o esquizofrenia, entre otros, pueden llevar al suicidio.

Aún hay cientos de personas desaparecidas durante y después del conflicto armado, cuyos cadáveres no han sido ni siquiera localizados. Las historias de corrupción no se detienen en el país, mientras una familia trae a su enfermo desde Huehuetenango a la emergencia de un hospital público y debe esperar horas para que lo atiendan, si es que lo atienden; cuando por fin le dan ingreso, el enfermo debe dormir en una silla plástica hasta que haya cama libre. Otra familia quiere mandar a sus dos hijos a la escuela, pero la más próxima les queda a casi 20 kilómetros y les da pena mandarlos a pie, porque se habla de abusos en el camino contra niñas y niños. Muchas familias guatemaltecas viven en cuartos de lámina, con piso de tierra, sin luz ni agua potable; el padre alcohólico y con un salario miserable, golpea a su esposa frente a los hijos y viola a sus hijas mayores. Guatemala tiene un problema real, cotidiano y profundo de salud mental y solo quien vive en la “otra Guatemala”, no se da cuenta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció, en el 2021, que hay una relación bidireccional entre la pobreza y las condiciones de salud mental y el uso de sustancias psicoactivas. Según Ridley, quienes viven en el nivel de ingresos más bajo tienen de 1.5 a 3 veces más probabilidades de experimentar depresión y ansiedad debido a una mayor exposición al estrés crónico, a trauma, a violencia y a la delincuencia, entre otros, que el resto de la población. Estas discapacidades, a su vez, afectan negativamente la economía de las personas al impactar la cognición y el comportamiento, lo que conduce a gastos de salud catastróficos y obstaculiza la educación y la obtención de empleo. Podemos imaginar la lucha cotidiana de al menos un 57.7% de familias guatemaltecas que viven pobreza multidmensional, aparte de aquellas familias que tienen entre los suyos a personas con discapacidad psicosocial, intelectual o cognitiva. Depresión o esquizofrenia, entre otros, pueden llevar al suicidio. Y, según la OMS, a nivel mundial, el suicidio es la segunda causa más frecuente de muerte en las juventudes.

Esto no solo se trata de poner un hospital neuropsiquiátrico y de encerrar allí a los “locos”, cuando sabemos que la salud mental de buena parte de la población mundial ha sido severamente afectada por múltiples factores, incluso la pandemia, y que no ha sido debidamente identificada, atendida o recuperada, sobre todo en países de ingresos bajos y medianos, como Guatemala. Hay una brecha de atención en la salud mental, y muchas personas que necesitan servicios, no los reciben. El reducido porcentaje que recibe atención en salud mental, ha experimentado, muchas veces, graves violaciones de derechos humanos dentro de hospitales psiquiátricos o incluso en clínicas privadas donde terminamos preguntándonos si están medicando a un paciente o violando sus derechos. Aislamiento por largos períodos, baja calidad en la atención de salud mental o una sobremedicación irresponsable pueden contribuir a un mayor deterioro. Según Wang (2023), en Guatemala esta brecha de atención es especialmente alta y se estima que es mayor a 90%, lo que significa que menos de un 10% de las personas con problemas de salud mental reciben la atención que necesitan. Aquí necesitamos una buena ley de salud mental, que busque descentralizar los servicios de salud mental y llevarlos a todo el país. Pero, sobre todo, necesitamos volver a sentirnos humanos en esta sociedad y volver a vivir con dignidad.

ESCRITO POR:

Carolina Escobar Sarti

Doctora en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca. Escritora, profesora universitaria, defensora de DDHH por la niñez, adolescencia y juventud, especialmente por las niñas