Estados Unidos
Criterio urbano
La siguiente década en el sector eléctrico
Una agenda para la transformación del país
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Guatemala ha avanzado en cuanto a su agenda del sector eléctrico. A finales de los 80 y principios de la década de los 90, quienes la recordamos, vivimos otra realidad. En cada hogar teníamos candelas listas para cuando hubiera un apagón. La Ley General de Electricidad, aprobada en 1996, hace exactamente 30 años, vino a cambiar esta realidad, y ahora los apagones en el Área Metropolitana y en las diferentes ciudades intermedias quedaron en el pasado y es algo que los jóvenes de ahora no comprenden.
Los alcaldes con visión pueden volverse promotores de la inversión.
Esta realidad se podría revertir si no tenemos la atención debida como país a este sector tan importante para el desarrollo económico de Guatemala. Y es que pocas decisiones de política pública inciden tanto en la competitividad como las que se toman, o se dejan de tomar, en el sector eléctrico: la energía condiciona la atracción de inversión, la localización de nuevas industrias y el costo de operación de la agroindustria y la manufactura.
El estudio de Deloitte para el Consejo de la Industria Eléctrica (2024) documenta que la capacidad instalada efectiva —3,447 MW— no creció desde 2019, mientras la demanda avanzó 4.0% anual entre 2013 y 2023, impulsada por el segmento no regulado, que creció 1.7 veces más rápido que el regulado. La consecuencia es aritmética: “márgenes de reserva negativos hacia 2027-2028, despacho más frecuente de plantas caras y un precio spot que pasó de 63 a 105 US$/MWh entre 2019 y 2023, con déficits estimados de 14% a 24% en la hora crítica de cada año”.
La transmisión es el cuello de botella más agudo: la red crece cerca de 1.2%-1.5% anual frente a una demanda que avanza al 4% y una potencia máxima que llegó a 2,204 MW en 2025. Sin líneas ni subestaciones, no hay proyecto que se conecte. A través de Ager se han identificado 142 obras indispensables para los próximos cinco años y, al 2043, más de cuatro mil 500 km de líneas y 216 subestaciones adicionales: unos US$2,474 millones en valor presente.
La buena noticia es que la respuesta ya empezó a avanzar. La PEG-5-2025, la licitación más grande en la historia del país fue publicada, subastada y adjudicada: tras la subasta inversa y el aval de la CNEE, se contrataron mil 258 MW de potencia garantizada en 57 centrales, con suministro desde 2030 y contratos de hasta 15 años. La adjudicación suma más de mil 538 MW porque varios contratos son menores a ese plazo y se complementaron entre sí para cubrirlo.
Los desafíos, entonces, son institucionales. La señal económica: el pago regulado por desvíos de potencia (8.9 US$/kW-mes) no remunera nueva capacidad despachable y el costo de capital en transmisión sigue sin método definido. Los trámites: licencias municipales, permisos ambientales y derechos de vía dispersos, sin plazos ni criterios homogéneos. La conflictividad social, que ha detenido obras estratégicas. Y el realismo en las metas: llegar a 80% renovable es viable, pero hacerlo en 2032 encarece el sistema en unos US$1 mil 696 millones, 15%, costo que alguien tendrá que financiar.
La agenda es clara: que lo adjudicado en la PEG-5 entre en operación en 2030 —lo que depende de permisos y de red, ejecutar el PET-4 con urgencia, corregir la remuneración a la potencia firme y a la transmisión, crear una ventanilla única con plazos máximos y silencio positivo y mantener la cadencia con una PEG-6—. Guatemala tiene el recurso, el marco legal y el capital privado dispuesto. Lo que escasea es el tiempo. Adjudicar fue el paso más fácil, construir a tiempo las líneas y las plantas es lo que definirá si el país aprovecha esta década.
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