La solicitud de retiro de inmunidad de diez magistrados pone al descubierto la crisis que afecta a la justicia guatemalteca. Esta acción sin precedentes evidencia el grado de descomposición de un organismo que, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tendría que representar los más elevados valores de la administración de la justicia. Sin embargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) desvela que estos magistrados habrían colaborado con una estructura criminal cuyo objetivo era colocar magistrados a su servicio. Los señalamientos en su contra son muy serios porque se trata de los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita. En realidad, estos magistrados estarían reproduciendo la forma en que ellos llegaron a la Corte, ya que fueron escogidos a dedo a partir de la repartición de cargos en la CSJ entre Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota (PP), y Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Líder), en septiembre de 2014.

¿Se recuerdan que estos magistrados fueron los que en cuatro ocasiones desestimaron la solicitud de retiro de inmunidad al diputado Felipe Alejos, involucrado en el caso Traficantes de influencias? Para comprender qué había detrás de esta ciega protección a un político es importante traer a colación una carta que Baldizón le envió a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el 2018, cuando fue encarcelado en EE. UU. En la misiva revelaba cómo había sido la “elección” de los actuales magistrados de la CSJ. Señalaba que él y Sinibaldi se reunieron en una suite del Hotel Vista Real con los magistrados que serían electos, además de Juan de Dios Rodríguez, Mauricio López Bonilla y Gustavo Herrera. En la carta, Baldizón señala: “Básicamente era acerca de un consenso que se hiciera entre todos si surgía cualquier situación, que se recordaran que quienes los habían puesto eran los que estaban en esa reunión. Fue un discurso directo hacia los magistrados que iban a ser electos por el Congreso de la República pocas horas después”.

De esa forma, los diez magistrados ya tenían entrenamiento para continuar el proceso de cooptación de la CSJ, ahora por medio de Gustavo Alejos, con quien tuvieron comunicación presencial, vía telefónica y por medio de intermediarios, según la Feci. Además de ellos, el Ministerio Público involucra al actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, y al exrector Estuardo Gálvez, así como al exjuez Mynor Moto y otros excandidatos a magistrados de Apelaciones. Esa red mafiosa ha copado otras instituciones. Basta ver que Ranulfo Rojas, uno de los señalados por la Feci, se encuentra ahora al frente del Tribunal Supremo Electoral, y Nester Vásquez, otro de los involucrados, es magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Como se ve, se trata de una estructura gigantesca que se ha ramificado en varias instituciones del país como cáncer que corroe las entrañas del Estado guatemalteco.

Si estuviéramos frente a magistrados honorables, sin ninguna tacha, lo correcto sería que se despojaran de su inmunidad para ser investigados por el Ministerio Público. Sin embargo, como hay evidencias de sus actuaciones ilícitas, eso no va a ocurrir. Al contrario, los magistrados venales esperarán que la mayoría oficialista que domina el Congreso de la República rechace la solicitud de antejuicio hecha por la Feci. La razón es muy sencilla, esa coalición forma parte de esa estructura mafiosa. Si eso llegara a ocurrir en el Legislativo, lo cual es lo más probable, a la fiscalía le quedaría el camino de presentar un amparo en la Corte de Constitucionalidad. Dudo que la CC dé luz verde, ya que los nuevos magistrados de esa alta corte pertenecen a la misma estructura de cooptación de la justicia. Así es la vida en el trópico.