Mario Estrada, el dueño de la UCN, el partido con la tercera bancada más grande en el Congreso, fue condenado por narcotraficante, en Nueva York, a 15 años de prisión. Consiguió esta condena porque es confeso y así redujo su estadía en prisión. Su campaña presidencial se financiaría con dinero del cartel de Sinaloa y la plata se introduciría al territorio nacional por mar. A cambio, según se conoce, pretendía asesinar a Thelma Aldana, que en aquel momento era candidata presidencial del Movimiento Semilla; al fiscal de Asuntos Electorales Óscar Shaad y al jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval. En caso de ganar la elección ponía a disposición del narco puertos, aeropuertos y los ministerios de Gobernación y Defensa.

Mario Estrada fue capturado mediante una operación encubierta de autoridades gringas al llegar a Miami para ultimar detalles de la transacción. La UCN fue un partido que jugó un papel fundamental para mantener a Jimmy Morales en el poder y, por supuesto, también fue clave para defenestrar la reforma constitucional que perseguía que el desastre que estamos viviendo respecto de la elección de magistrados no se diera.

Negar la propiedad de la UCN respecto de Mario Estrada es pretender tapar el sol con un dedo y argumentar que los candidatos de UCN recién electos en curules legislativas o del parlamento centroamericano, así como cargos en corporaciones municipales, no tienen relación con su cacique constituye un absurdo.

Para cualquier habitante del país preocupado por llegar a fin de mes, por buscar lo mejor para sus hijos y que se parte la espalda en su trabajo hay un zarpazo cuando una organización íntimamente ligada a un narco que buscaba plata salpicada de sangre y vicio esté “formalmente legitimada” para elegir a los nuevos magistrados a cortes de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo Electoral.

Guatemala se vio inundada de opiniones por todos los medios sobre el debido proceso, hace unos años. Es una burla a cualquier medio concepto que se tenga de justicia imparcial que una organización propiedad de un narco confeso elija magistrados y sobre todo cuando el tema de la planificación de los asesinatos debe investigarse en el país, a pesar del letargo que lleva el expediente en el MP.

El fraude de ley es una de las patologías más groseras dentro del Derecho, “los actos realizados al amparo de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. El plan de la UCN era entregar el país al narco. ¿Esto significa algo o no para la sociedad honrada y trabajadora?

Ya se oirán voces que señalen: “el narco está en todos los partidos y en todas partes”, la diferencia es que acá está declarado, confeso y condenado. Es mentira construir democracias y repúblicas cuando la tercera bancada de un país está ligada, de manera formal, a un narco poderoso que se sentaba con el presidente y su ministro de Gobernación saber cuántas veces. Es mentira pretender atraer inversión extranjera cuando la UCN elija magistrados. Es mentira promover el turismo, cuando un país está gobernado por organizaciones ligadas al narco y la sociedad no mueve un dedo.

La UCN funciona y funcionó en claro fraude constitucional. Que no nos vengan a decir sus actuales dirigentes que no sabían a qué se dedicaba Mario Estrada, cuando era notorio, pero ahora se pudo probar. De nosotros depende no ser cómplices de esta atrocidad.