Nuestro régimen electoral ha creado partidos con dueño. La democratización de las organizaciones políticas no se logra porque el sistema democrático no funciona como debiera.

Al retornar varios países latinoamericanos a la democracia en los 80, un reto fue ¿cómo concebir autoridades electorales independientes? La concepción de órganos electorales independientes tiene su origen en que era imposible seguir con la dinámica de fraudes.

Las autoridades electorales tuvieron como principal misión generar certeza y confianza. En Guatemala hubo descarados fraudes electorales en 1974, 1978, y en 1982 el golpe de Estado evitó a Ángel Aníbal Guevara ser heredero del oprobioso régimen luquista. Don Arturo Herbruger Asturias y Manuel Ruano Mejía, encabezando la magistratura del TSE, y Mario Roberto Guerra Roldán, a cargo del Registro de Ciudadanos y con la misión de empezar de cero el nuevo padrón electoral, brindaron al sistema lo que se esperaba: fe y confianza.

Al entrar el nuevo siglo, las autoridades electorales dejaron de ser solo entidades cuentavotos y se convirtieron, también a lo largo del hemisferio, en promotores de la participación ciudadana, y por último enfrentan los desafíos del ingreso del dinero a la política para garantizar la legitimidad democrática y la esencia republicana.

En las últimas elecciones, la Unión del Centro Nacional, propiedad de Mario Estrada Orellana, consiguió, después de la UNE y del que será partido oficial, la tercera bancada más grande en el Congreso, y varias alcaldías. Su caudillo está preso en EE. UU. y es un narco confeso. Además se evidenció el plan para asesinar a Thelma Aldana y otro contrincante cuyo nombre no ha salido a luz, así como a dos fiscales del MP —el de Asuntos Electorales está en el exilio y acaba de renunciar.

A la violencia política que pretendía debemos sumarle que, como si fuera plática de cuchubal, Estrada pedía financiamiento a un cartel mexicano de droga para la campaña de su partido e incluso fue aprehendido en Miami cuando finiquitaría el aporte de millones de dólares que vendrían por lancha, en efectivo, a nuestras playas. Si bien la responsabilidad penal es personalísima, la responsabilidad electoral de la organización política sí debe ser establecida y el TSE está obligado a actuar, no puede ser solo un espectador ante esta grave situación.

Conforme la ley electoral, es nula una elección si se han cometido actos que razonablemente pudieron haber alterado el resultado electoral. Así que el TSE tiene ante la confesión de Mario Estrada que reaccionar y salir de su letargo. Es una burla al sistema democrático si permitimos asumir a la tercera bancada mayoritaria con el respaldo de una organización vinculada con el narcotráfico y la violencia política.

Como guatemaltecos, si vemos al narco entrar a la política —con confesión y todo— como una parte más del tropicalismo macondiano del que somos tan afines, entregamos el futuro de nuestros hijos a un negro porvenir. Acá existe una clara causa sobrevenida (sucedió después de la elección) que obliga a repensar el régimen electoral en su conjunto. Si Thelma Aldana no fue candidata porque un contralor presentó una denuncia sin siquiera agotar su procedimiento interno, ¿es lógico que una organización utilizada por el narco para acceder al poder pueda asumir los cargos que “le corresponden”? ¿Vamos a dejar que los narcos y potenciales asesinos se organicen en partidos y a pesar de su confesión la organización siga impune?

Las autoridades electorales no solo cuentan votos, son garantes de la legitimidad democrática, y si esto no lo entendemos, mejor apaguemos la luz y cerremos la puerta.