En nuestro país es complicada la sobrevivencia porque la coyuntura nos come. Lo urgente jamás deja tiempo para lo importante y el titular de mañana borra por completo lo sucedido hoy. Como se vive el día a día, poco se piensa en las estructuras que condicionan la verdadera seguridad jurídica que el Estado nos debe garantizar y que por su precariedad nos coloca bajo amenaza permanente.

Un sistema capitalista y de libre mercado como el nuestro, si no cuenta con instrumentos adecuados para proteger la propiedad privada y las inversiones no es más que un conjunto de normas vacías incapaces de viabilizar el desarrollo. En nuestro país la propiedad rural de la tierra es un relajo y la mayoría de propietarios no tienen su título inscrito donde corresponde; así de sencillo.

Mientras alguien lee estas líneas, verdaderas gavillas de delincuentes andan con la rienda suelta para birlar propiedades e inversiones. Desde 1997 los guatemaltecos tenemos vigente una ley que nos faculta para acudir al Registro de la Propiedad a inscribir que “no queremos vender nuestra propiedad”. Dudo que en el mundo exista una legislación parecida. Esta ley es útil y necesaria porque delincuentes (algunos con toga) se orquestaron para montar estructuras que lograron quitar propiedades a diestra y siniestra.

La banda de los Topacio ha sido la estructura más conocida que fue desarticulada por el Ministerio Público, pero a la fecha la respuesta del Estado al cambio de la estructura es nula; de hecho, el Registro de la Propiedad en buena parte funciona como lo diseñó Justo Rufino Barrios.

Desde hace años se ha dicho y procurado una reforma registral para unificar en una sola institución la función registral, no podemos seguir la dispersión de Registro de la Propiedad, Mercantil, de Personas Jurídicas, Propiedad Intelectual, Garantía Mobiliaria, Valores y Mercancías, de prestadores de servicios de certificación, de Vehículos, de poderes, de procesos sucesorios, separados y todos por la libre (además sería autofinanciable).

Cada registro opera con dinámicas distintas, y mientras en una oficina es un criterio azul en otra encontramos una decisión verde, para que al final de los rosarios de aventuras y desesperanzas el ciudadano no logre inscribir lo que debe tener certeza.

No se trata de descubrir el agua azucarada. En El Salvador funciona el Centro Nacional de Registros y en Costa Rica, el Registro Nacional, ambas instituciones aglutinan bajo una misma autoridad la mayoría de actos inscribibles y por eso en el ámbito registral nuestros hermanos nos llevan años luz.

Siempre al entrar un nuevo gobierno se desempolvan proyectos viejos, y la necesaria unificación bajo una sola autoridad de toda la dinámica registral es fundamental para que gocemos de mínima certeza, sobre todo cuando se deja impunemente a ciertas facultades de Derecho graduar notarios y la fe pública es cada vez más deshumanizada y desprestigiada.

Es tal el fiambre de conceptos manejados, que bien me comentaba un colega la semana pasada que en la ley referente a ONG se pretendía convertir al Registro de Personas Jurídicas en una oficina de sanción administrativa, cuando un registro no está para eso. Las ocurrencias abundan y el papel todo lo aguanta.

La propiedad privada y todo tipo de inversiones está en riesgo en un país cuyo andamiaje registral data de decenas de años atrás y es precario, incluso el catastro debe estar unificado, para no tener la inoperante autoridad que tenemos ahora.

Solo el Registro de Ciudadanos y el Registro Civil, por su naturaleza, deberían estar fuera de una autoridad registral única, todos los demás son aspectos técnicos que un gobierno serio debe modificar si pretende garantizar, en lo mínimo, la propiedad privada y las inversiones.