Estados Unidos
Punto de encuentro
La urgente tarea de descriminalizar
Desestimar y archivar los procesos espurios.
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Uno de los desafíos más importantes para el nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, es detener y revertir los procesos de criminalización —es decir, el uso indebido del derecho penal— en contra de actores democráticos, que fue una política sostenida del Ministerio Público (MP) durante los ocho años de Consuelo Porras Argueta.
Un patrón sistemático de persecución para provocar la “muerte civil” a través de la criminalización judicial
En esta primera semana al frente de la institución, varias organizaciones nacionales e internacionales demandaron al funcionario dirigir sus esfuerzos a “desestimar y archivar todos los procesos espurios, arbitrarios o sin sustento” y “restituir plenamente los derechos y la libertad de quienes fueron arbitrariamente detenidos o continúan sometidos a medidas judiciales desproporcionadas derivadas de procesos de criminalización”.
Pienso, por ejemplo, en el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo o en los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, quienes permanecen en prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala, padeciendo en realidad una pena de prisión anticipada. O en las decenas de compatriotas que se vieron forzados a salir al exilio para resguardar su integridad.
En su informe “Desafíos en la defensa de los derechos humanos 2020-2025”, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala documentó que la criminalización fue el tipo de ataque más extendido en ese quinquenio.
Este período en el que hubo un incremento exponencial de los casos de persecución penal arbitraria coincide con el segundo mandato de Porras como fiscal general. Según los datos de la Oacnudh, se registraron 745 casos de criminalización en contra de 332 personas defensoras de derechos humanos para castigar e impedir, a través del poder punitivo del Estado, su labor.
Al hablar de la defensa de los derechos humanos, la oficina de la ONU se refiere, entre otros, a operadores de justicia, líderes indígenas y comunitarios, periodistas y activistas sociales quienes, a través de sus acciones promueven, protegen y defienden derechos como el acceso a la justicia, la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, la libertad de expresión o el derecho al acceso a la información, por citar solo algunos.
El informe da cuenta de un patrón sistemático de persecución política que busca provocar la “muerte civil” a través de la criminalización judicial (denuncias falsas y procesos penales prolongados), la estigmatización y el desprestigio (campañas mediáticas, discursos y narrativas de odio para desacreditar su labor y provocar rechazo social), el aislamiento social y político (estrategias para fragmentar sus redes de apoyo) y la asfixia económica.
Sus impactos son diversos y van desde el encarcelamiento y el exilio forzado hasta provocar un miedo generalizado que surge a partir de los llamados “casos ejemplificantes” que transmiten el mensaje: “Lo mismo podemos hacer con cualquiera”. En el caso específico de la persecución espuria en contra de periodistas, es preciso añadir que esta no solamente atenta contra la libertad de expresión sino violenta un derecho fundamental de toda la ciudadanía: el estar informada.
“La libertad de prensa no puede existir bajo amenaza, miedo o persecución. Guatemala necesita instituciones que protejan el derecho ciudadano a informar y ser informado, y no estructuras utilizadas para castigar el periodismo independiente”, señalan nueve organizaciones internacionales en una reciente comunicación dirigida al jefe del MP.
Por supuesto que desmontar la estrategia de criminalización que fue el buque insignia de Porras y sus aliados es una tarea ardua. Pero, estando de por medio la libertad e integridad de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, no admite demora.
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