Estados Unidos
Con otra mirada
La Usac, último botín político
La Universidad de San Carlos (Usac) fue el último botín político usurpado en 2022.
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El golpe de Estado de 1982 puso fin a los gobiernos militares. La transición generó una Asamblea Nacional que redactó la Constitución Política de 1985 y convocó a elecciones generales; proceso con el que se inició la era democrática. La nueva Constitución aportó novedades como el Tribunal Supremo Electoral, la creación de la Corte de Constitucionalidad y las comisiones de postulación. Estas últimas, con la positiva y sana intención de democratizar y despolitizar la selección de altos funcionarios del Estado mediante la evaluación de perfiles (capacidad, idoneidad y honradez) y proponer nóminas de candidatos para que el órgano correspondiente, Congreso o presidente, hiciera la elección final.
Los funcionarios que se llevan la mejor tajada son el presidente de la República y el rector de la Usac.
Las principales comisiones fueron para magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, contralor general de Cuentas y fiscal general y jefe del Ministerio Público. Aquella ingenua intención fue aprovechada por quienes vieron la oportunidad, servida en bandeja de plata, para explotar esos cargos. Tomaron por asalto el Colegio de Abogados y Notarios y crearon universidades de garaje con facultades de Derecho. Así, la corrupción se instaló en el Estado y fue copado por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Realidad que propició, en 2006, que el Gobierno solicitara a la Organización de las Naciones Unidas crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) como órgano independiente, en apoyo al Ministerio Público.
De su trabajo, empresarios ligados al poder económico del país que lo manejan a su propio aire, resultaron señalados de corrupción. Una vez repuestos del desafío, se aliaron con diputados al Congreso de la República en el llamado Pacto de Corruptos: unión del poder económico con el poder que toma decisiones. Su prioridad fue la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad, contralor general de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral y fiscal general y jefe del Ministerio Público. Luego se las arreglaron para que el pueblo, engañado con cuentas de colores, eligiera como presidente de la República al títere de su conveniencia.
La Universidad de San Carlos (Usac) fue el último botín político usurpado en 2022 cuando, mediante un vulgar fraude, el decano de Humanidades se hizo rector. La semana pasada repitió la hazaña bajo la misma protección. Por ley, la universidad tiene 72 representaciones en el Estado, participa en las comisiones de postulación y maneja el 5% del presupuesto del país; es decir, mucho dinero, poco control.
El trato para ser electo o nombrado en esos altos cargos, incluyendo la Presidencia de la República, es dejar hacer lo que desee el empresariado, patrón de la finca llamada Guatemala. El precio, a cambio, es el libre enriquecimiento a costa del erario nacional, con la seguridad de que no será molestado por la justicia en su calidad de fiel servidor.
Por demás está decir que los funcionarios que se llevan la mejor tajada del botín son el presidente de la República y el rector de la Usac.
Los altos cargos públicos siempre fueron importantes. La diferencia está en que hubo un tiempo en que su desempeño estuvo en manos de ciudadanos dignos, honorables y preparados, para quienes servir al país era un honor. Calidades y cualidades que desaparecieron en los últimos años, lastimosamente de la era democrática.
Con las excepciones de rigor, un común denominador de los funcionarios es que no se sonrojan ni inmutan ante señalamientos por incumplimiento de su deber o falta de rigor en su desempeño.
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