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Punto de encuentro
La Usac y el periodismo en la cancha de la CC
Dos temas neurálgicos para el futuro de la democracia en Guatemala.
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Dos temas neurálgicos para el futuro de la democracia en Guatemala están en las manos de la Corte de Constitucionalidad (CC). El primero es una apelación que presentó el entonces jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, que busca reactivar el proceso penal en contra de los periodistas Julia Corado, Gerson Ortiz, Cristian Vélix, Alexander Valdez, Denis Aguilar y Gonzalo Marroquín Godoy, y del excolumnista Édgar Gutiérrez Girón.
El caso se remite a febrero de 2023, cuando el juez Jimi Bremer ordenó iniciarles una investigación por el delito de “obstrucción a la justicia”, a partir de sus publicaciones en diario elPeriódico sobre la persecución judicial espuria del presidente del medio, Jose Rubén Zamora Marroquín.
Bremer accedió a la solicitud de la fiscal Cinthia Monterroso y desde entonces inició un largo proceso que podría llegar a su fin con una resolución definitiva del tribunal constitucional. Lo que se espera es que el fallo de la CC refrende lo que la Constitución dicta en materia de libertad de expresión: que ningún periodista debe ser perseguido penalmente por sus publicaciones.
En ese sentido ya se pronunciaron: i) el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, que en enero de 2024 rechazó el caso y ordenó que el mismo sea conocido por un tribunal de imprenta. ii) La Sala Tercera de Apelaciones que confirmó la decisión del juzgado de cerrar el proceso; y iii) la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, en marzo de 2025, resolvió no otorgar el amparo provisional solicitado por la Fiscalía y, en una sentencia definitiva de enero de este año, ratificó que no se puede perseguir penalmente a las y los periodistas por hacer su trabajo.
No hay punto medio: o se defiende la legalidad y el Estado de derecho o se avala el fraude y la violación de la ley.
Pero en su afán de castigo, que no de justicia, y a pesar de los reveses, la Feci de Curruchiche acudió ante la CC. En un fallo provisional de agosto de 2025, por mayoría, el tribunal constitucional resolvió que los periodistas no debían ser investigados. Ahora falta la resolución definitiva, y para ello está convocada hoy una vista pública.
Además de poner fin a la absurda orden de Jimi Bremer —decisión que tuvo repercusiones directas en contra de siete colegas, varios aún en el exilio—, un fallo definitivo de la CC sentaría un precedente central para la defensa de la democracia, el ejercicio del periodismo, el acceso a la información y la libertad de expresión en el país. De más está decir que esperamos una actuación de la Fiscalía, ahora que hay nuevo fiscal general, respetuosa de las garantías y preceptos constitucionales.
El segundo tema de enorme trascendencia es el de la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El viernes pasado se conoció que el Juzgado Décimo Quinto Civil otorgó en definitiva un amparo promovido por la agrupación Dignidad y Rescate (Dire-Usac), que suspende la fraudulenta elección de la rectoría para el período 2026-2030 y deja también en suspenso la validación de los resultados electorales que realizó el Consejo Superior Universitario (CSU).
La serie de anomalías e ilegalidades que Walter Mazariegos llevó adelante para concretar su reelección, en complicidad con los consejeros afines del CSU (muchos de los cuales ya tienen vencidos los cargos), es más que conocida. Por eso resulta tremendamente relevante que el juzgado haya suspendido este proceso espurio y antidemocrático.
Seguramente (todavía no se ha anunciado, pero no tardará), Mazariegos apelará el fallo en la CC y ahí se dará la gran batalla por la recuperación de la universidad pública. Habrá que ver de qué lado de la historia se coloca cada uno/a de los magistrados. No hay punto medio: o se defiende la legalidad y el Estado de derecho, o se avala el fraude y la violación de la ley.
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