La crisis por la vacunación contra la pandemia del covid-19 es global y ha alcanzado niveles inauditos de perversidad, complicidad e incompetencia, una combinación que está causando desde ya miles de muertes que podrían evitarse.
El afán de lucro de la mayoría de las empresas farmacéuticas trasnacionales —que no sorprende pero sí indigna— las llevó a proceder como si no estuviéramos en el medio de una pandemia que hasta ayer había infectado a 136.1 millones de personas y se había cobrado la vida de 2.9 millones de ellas.

No atendieron los llamados del secretario general de la ONU, del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de decenas de líderes del mundo, incluyendo al papa Francisco y a las autoridades religiosas de diversos credos, y echaron en saco roto las exhortaciones de los gremios médicos y de organizaciones sociales y humanitarias que, desde el inicio, exigieron liberar las patentes para lograr una producción masiva y ágil que garantizara el acceso a las vacunas para todas las personas, sin importar el país en el que viven.

Contrario a eso, colocaron cláusulas de confidencialidad en los contratos, para mantener bajo reserva las condiciones leoninas de la negociación y prácticamente extorsionar a los gobiernos a firmarlos, so pena de no ser abastecidos. La denuncia del eurodiputado belga Marc Botenga, quien después de una lucha tenaz —amparado en el derecho de acceso a información— fue el primer legislador en acceder a una consulta “censurada” de uno de los contratos, es de espanto.

Su teléfono le fue confiscado antes de entrar a un cuarto vigilado, le hicieron firmar una declaración de confidencialidad y todos los párrafos con las informaciones fundamentales fueron tachados. Eso, a pesar de que solo la Unión Europea hizo un desembolso por 2 mil millones de euros a las farmacéuticas para financiar la investigación, el desarrollo y la capacidad de producción de las vacunas. Con esta cifra, afirma el legislador, se pagó con fondos públicos entre tres y cuatro veces el valor de las vacunas, motivo que sería suficiente para “eliminar la patente y que muchas más empresas fabriquen la vacuna y disponer de un mayor número de dosis en menor tiempo”.

Pero la perversidad no es solo de las farmacéuticas. Los países ricos también han actuado de forma vil, acaparando las dosis existentes. El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, calificó el viernes pasado el desequilibrio en la distribución de las vacunas como “escandaloso”. De 700 millones de dosis administradas en todo el mundo, más del 87% fueron para los países de renta alta o media-alta, mientras que los países pobres recibieron apenas el 0.2%. En otras palabras, en los países ricos una de cada cuatro personas ya fue vacunada. En los países pobres, una de cada 500. De ese tamaño es la desigualdad, el egoísmo y la catástrofe moral que estamos viviendo. Ni siquiera sabiendo que “nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo”, como reza el lema de la OMS, hay una estrategia global y solidaria para la producción y distribución de las vacunas.

En Guatemala se reproducen estos mismos males. La reiterada incompetencia de las autoridades no puede considerarse producto de la casualidad ni de la insensatez, sino una malintencionada estrategia para terminar haciendo de la vacunación otro gran y corrupto negocio. El tráfico de influencias y el caos en el proceso son apenas dos de los signos visibles de un Estado cooptado y capturado y de la perversidad de las élites.

Otra vez, como cada vez —y desde el inicio de la pandemia esto se ha hecho más que evidente—, la salud en este país no se considera un derecho y la vacuna se está convirtiendo en una mercancía.