El deterioro democrático en el país entró en una fase de aceleración. Las últimas dos semanas nos muestran con crudeza hasta dónde está dispuesto a llegar el bloque pro-impunidad que se conformó para detener el avance de las investigaciones y los casos relacionados con delitos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. El “Pacto de Corruptos”, como se bautizó popularmente a esta alianza de actores tradicionales y emergentes —incluyendo a personas vinculadas con redes ilícitas y de crimen organizado—, delineó una estrategia en los planos político, jurídico, diplomático y mediático que fue rindiendo frutos.

El objetivo central pasaba por sacar del país a la Cicig y debilitar al Ministerio Público (MP). Y lo consiguieron cuando Jimmy Morales nombró a Consuelo Porras Argueta en la Fiscalía General y negoció con la Casa Blanca de Donald Trump la firma del vergonzoso acuerdo de tercer país seguro a cambio de su complicidad y silencio ante el desmantelamiento de la comisión internacional. A partir de ahí se inició el imparable retroceso, que se ha ido profundizando en la medida en que han recuperado el control de los espacios clave que habían perdido.

Cuando el bloque de poder sintió en peligro su hegemonía, lanzaron —como lo han hecho históricamente— una ofensiva para terminar con la disidencia. Los blancos primarios fueron Claudia Paz y Paz y, más tarde, Iván Velásquez y Thelma Aldana. Deshacerse de las cabezas más visibles para avanzar con la agenda regresiva y colocar a sus alfiles en los espacios clave del tablero les ha permitido seguir con la siguiente etapa del plan: la revancha.

Se sienten lo suficientemente fuertes como para emprender una cacería judicial en contra de aquellas personas que entienden fueron determinantes para que avanzaran las investigaciones y casos que les involucran. Eso es lo que está detrás de las capturas de Juan Francisco Solórzano Foppa y Aníbal Argüello.

Solórzano Foppa fue jefe de la Dirección de Análisis Criminal (DAC) del MP en tiempo de Claudia Paz, espacio clave para fortalecer la investigación penal estratégica contra narcotraficantes, jefes de clicas, políticos y empresarios corruptos, militares violadores de derechos humanos y un largo etcétera. Además, como jefe de la SAT, la emprendió contra los grandes e intocables evasores de impuestos. Argüello trabajó como analista de la Cicig en casos clave como La Línea y en 2022 participaría como testigo del juicio oral y público que involucra, entre otros, a la dupla Pérez Molina-Baldetti. Suficientes credenciales como para declararlos enemigos del bloque de poder.

Sus capturas son además un mensaje inequívoco de los tiempos que se vienen. En el listado de “la purga” seguramente están incluidos fiscales y jueces independientes, como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios y Juan Francisco Sandoval, sobre los que pesan sendas solicitudes de retiro de inmunidad que, de concretarse, abrirían la puerta para su persecución penal. También el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, acosado sistemáticamente por la aplanadora oficialista del Congreso que, como no ha logrado destituirlo, busca la asfixia financiera de la institución que dirige. Y, por supuesto, las y los defensores de derechos humanos y periodistas “incómodos”, blancos favoritos de las campañas de desinformación y desprestigio.

No hay duda que utilizarán el derecho penal para criminalizar la disidencia, como consuetudinariamente lo vienen haciendo contra líderes de comunidades y pueblos indígenas de los movimientos de resistencia contra proyectos extractivos. Estamos frente a una embestida brutal del poder que requiere inequívocamente la construcción de alternativas políticas y sociales unitarias y de amplia participación popular.