Los crecimientos urbanos siempre han estado ligados a las necesidades de las personas. Empiezan por construir sus casas antes que nada, que pueden ir desde viviendas formales, hasta aquellas hechas con deshechos. Unas se sitúan en desarrollos formales y otras en los espacios menos apropiados para el efecto. El problema de la vivienda está en aquellos que no pueden adquirir las formales y que están a merced de los programas de origen oficial, existentes o no, y en políticas de capacidad de pago. Se asume que los barrios marginales urbanos se sitúan en las periferias, sean estas de chimenea o no, o en focos de economía rural.

Los mejor situados serán los ligados a quienes les proporcionan la tierra y los servicios, tanto de infraestructura, como agua, alcantarillado, electricidad, y comunicaciones, así como centros de abastecimientos de consumo diario y semanal. En cambio, los llamados tugurios son producto de obreros de la construcción o invasiones rurales atraídas por estos focos de la economía urbana en busca de sobrevivencia.

Cinco son los problemas detectados en el país que se necesitan atender para impulsar la construcción de más viviendas, para lo cual se trabaja en un Plan Nacional de Vivienda que contempla 20 estrategias que proponen implementar a partir del 2020.

Tenemos el caso del Centro Histórico, antiguo foco económico, que atrajo a una serie de asentamientos, especialmente los del barranco del Incienso. Y los de las zonas 16, 17, 18 y 19. Total: 300 mil habitantes. Una ley general de vivienda debe tomar en cuenta estas contradicciones y otras más que se producen especialmente en los desarrollos urbanos.

Existen estos asentamientos que están ubicados lejos de los focos económicos importantes en la Ciudad de Guatemala, en barrancos o laderas de alto riesgo. Y están haciendo que se desarrollen conjuntos residenciales y torres de apartamentos para sectores económicos de nivel medio y alto, concentrando el tránsito. Para lo que se debería tomar en cuenta lo rural.

Deben integrarse también otra serie de instituciones ligadas a este problema. Pero las municipalidades serían las responsables de definir las zonificaciones dentro de sus planes de desarrollo urbano, implementando las infraestructura básica que le den funcionalidad a la ciudad.

Una ley general de vivienda debería tomar en cuenta estas contradicciones y otras más que se producen, especialmente en los desarrollos urbanos. Los asentamientos ubicados lejos de los focos económicos importantes, en barrancos o laderas de alto riesgo o dentro de sitios entre la selva, sin servicios, con problemas ambientales, con altos índices de trastornos por la conducta alimentaria (TCA), una de las enfermedades crónicas más frecuentes en adolescentes y mujeres jóvenes.

Esto se da más en la sociedad rural indígena de Guatemala, sin vivienda formal, sin servicios y en crisis económica y ambiental. Lo importante es contar con un instrumento para resolver este problema, como fue resuelto por “Naciones Unidas desde 1982, con la resolución 17/121 en el Año Internacional de la Vivienda para Personas sin Hogar, Habitat”. En que deberían estar: el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi), Cementos Progreso y Fundación para el Desarrollo (Fundesa). Como planificación deberían estar el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda o Segeplán, los cuales deberían tomar en cuenta no solo lo urbano, sino lo rural.