A contraluz

Las champurradas de Tigo

Haroldo Shetemul @hshetemul

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Dos hechos evidencian la captura del Estado y la utilización aberrante de la legislación para procurarse impunidad. El primero se refiere al contubernio entre Roxana Baldetti y Tigo para aprobar una ley acorde a sus intereses. A tal nivel de poder llegó esa empresa que uno de sus gerentes, Acisclo Valladares Urruela, también funcionario de gobierno, podía somatar la mesa a Baldetti cuando algo no le parecía. El gobierno estaba a los pies del empresario Mario López por Q10 millones que sirvieron para comprar votos de diputados. Las pesquisas de la Cicig y el MP revelaron que ya no se trataba solo de la corrupción propiciada por el Partido Patriota, sino que se extendía a diputados de la mayoría de partidos políticos, entre ellos el ahora candidato presidencial Estuardo Galdámez, del oficialista FCN-Nación. Según las investigaciones, este parlamentario era uno de los “jefes de línea” o “brochas” encargado de repartir la “champurrada” de Q50 mil bimensuales a cada diputado.

Ese negocio turbio fue una burla porque la ley tenía intereses ocultos. Baldetti y diputados permitían a los gerentes de Tigo meterle mano a la iniciativa de ley, la cual fue aprobada sin cambios porque muchos legisladores ni siquiera la leyeron antes de levantar la mano. Frente a la población esa normativa fue presentada como beneficiosa porque bloqueaba la señal de celulares en las cárceles para combatir las extorsiones. Todo era una farsa porque la ley le permitió a Tigo ampliar su infraestructura, así como instalar antenas, postes, fibra óptica y cables en propiedades públicas y privadas. De esta manera Baldetti y los diputados se convirtieron en tramitadores de intereses corruptos, algo que continúa en la actualidad.

El segundo hecho ocurrido esta semana es la aberración que está cometiendo Sandra Torres, presidenciable de la UNE, que atenta contra la libertad de expresión, al denunciar por femicidio a seis editores del diario elPeriódico. Esa demanda fue rechazada por una jueza, por considerar que se encuadra en la Ley de Emisión del Pensamiento. Sin embargo, la Sala Segunda de Apelaciones resolvió a favor de Torres, con lo que el medio no puede escribir sobre esa candidata. Esta acción vergonzosa de Torres la retrata como intolerante a la crítica, tal como lo hizo durante el gobierno de su exesposo. Esta mordaza a la prensa no podemos permitirla porque demuestra la cooptación del Organismo Judicial y ataca uno de los principios fundamentales del Estado: la libertad de expresión.

ACLARACIÓN: La magistrada de la Corte de Constitucionalidad Dina Josefina Ochoa Escribá envió una aclaración a Prensa Libre sobre mi columna Rendir pleitesía al capo, que escribí en torno a la asistencia de funcionarios en un almuerzo con el excandidato Mario Estrada en Jalapa, cuando me referí a lo siguiente: “en particular sobresale la presencia de una magistrada que fue presidenta de la Corte de Constitucionalidad y que tiene fuertes vínculos con el gobierno actual”. En la columna nunca mencioné el nombre de la magistrada, pero ella se sintió aludida, por lo que en cumplimiento del artículo 41 de la Ley de Emisión del Pensamiento, sobre que “las aclaraciones, rectificaciones, explicaciones o refutaciones no podrán exceder del doble de la extensión de la publicación a que se refiere”, publico lo conducente de la carta de la magistrada Ochoa Escribá: “La afirmación del columnista de opinión deviene de un señalamiento que fue publicado el domingo 28 de abril del año en curso en la sección “elPeladero” del diario elPeriódico en el que falsamente señalan que estuve presente en la reunión multicitada. En esos términos, al igual que lo hice en el derecho de respuesta que formulé sobre esa publicación, de nueva cuenta rechazo categóricamente el señalamiento formulado en el artículo de opinión en referencia”.