Estados Unidos
Con otra mirada
Las comisiones de postulación
A la convocatoria por el cargo se inscribieron 59 aspirantes.
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Las comisiones de postulación fueron establecidas en la Constitución Política de Guatemala (1985) como resultado de la inconformidad en el nombramiento de los altos cargos en la administración pública y sistema judicial, durante los gobiernos militares. Los constitucionalistas crearon órganos colegiados destinados a seleccionar candidatos, buscando limitar la discrecionalidad política y deseando garantizar honorabilidad, méritos académicos e idoneidad.
De inmediato, el resultado contrario a esas nobles aspiraciones fue evidente en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y jefe del Ministerio Público, y Procurador de los Derechos Humanos; así como para integrantes del Tribunal Supremo Electoral y Contralor General de Cuentas. En los primeros casos, las comisiones las integran abogados; entre estos, los decanos de las facultades de Derecho. Esa configuración fue aprovechada por el prevaleciente Pacto de Corruptos para crear nuevas universidades, con Facultad de Leyes, con el perverso objeto de tener un puesto en esas comisiones, para infiltrar a sus esbirros en las cortes del país.
Evidentemente, aquellos valores de honorabilidad, méritos académicos e idoneidad que los comisionados han de calificar en los candidatos a los diferentes cargos, no les son aplicables a ellos, toda vez que la creación de las nuevas universidades no está sujeta a la Ley de Comisiones de Postulación (Decreto 19-2009) que solo regula la existencia y fines de su efímera existencia.
La semana anterior fuimos testigos del dudoso actuar de la Comisión de Postulación para elegir fiscal general.
De esa cuenta, la semana anterior fuimos testigo del dudoso actuar de la Comisión de Postulación para elegir Fiscal General y jefe del Ministerio Público, ante la presión del Pacto de Corruptos, por incluir en la lista de candidatos a la actual fiscal, electa y confirmada por los gobiernos reconocidos como los más ineptos y corruptos de los últimos 20 años: Jimmy Morales (2016-2020) y Alejadro Giammattei (2020-2024).
A la convocatoria por el cargo se inscribieron 59 aspirantes. En una primera ronda, el número se redujo a 48, dentro de los que la actual fiscal, obtuvo la más alta calificación: 92.33 puntos. Insólito para alguien reprobado por la parcialidad en el ejercicio de sus funciones. Para unos fue una vergonzosa e inmerecida evaluación que no califica a la señora Porras, sino que retrata el vulgar entreguismo de algunos integrantes de la Comisión. Para otros, un distractor urdido semanas atrás, para asustar con su potencial reelección, encubrir la descalificación del único candidato afín al Ejecutivo, el actual ministro de Gobernación y, desde luego, la desmedida calificación de candidatos pre seleccionados.
En tandas sucesivas, el grupo se redujo a 9 con calificación arriba de 75 puntos; para ajustar la requerida lista de 12, se incorporó a 3 más, con la puntuación más cercana. La nómina a ser presentada al presidente Bernardo Arévalo es de 6 aspirantes, entre los que, ¡Oh sorpresa! fue excluida la candidata del Pacto de Corruptos.
Ante eso, tres días después, solícitamente la Corte de Constitucionalidad atendió un amparo de la Fundación Contra el Terrorismo, filial del Pacto de Corruptos. Anuló lo actuado y ordenó a la Comisión Postuladora repetir la evaluación de los candidatos. Acción fuera de tiempo, lugar y por lo tanto ilegal.
El presidente Arévalo tendrá que dirimir quién de los 6 candidatos cuenta con suficiente honorabilidad, méritos académicos e idoneidad. Estimación que permita presumir que el cumplimiento de la ley y la legitimidad de la justicia vuelvan a brillar en nuestro mal tratado país.
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