Estados Unidos
A contraluz
Las contantes y sonantes razones de Rodríguez
El diputado Allan Rodríguez es el principal obstáculo para que el país deje de ser un paraíso de lavado de dinero.
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El diputado Allan Rodríguez, tan preocupado por la presunción de inocencia, se ha erigido como el principal benefactor de los lavadores de dinero. No hace falta buscarle cinco patas al gato para entender que al jefe de la bancada Vamos le interesa que Guatemala siga siendo el paraíso del blanqueo de capitales y para ello quiere quitarle dientes al artículo 73 de la iniciativa en discusión.
El jefe de la bancada Vamos es el operador político del expresidente Giammattei y su entorno.
Ese precepto define que el delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos.
Este artículo es clave para entender la importancia de la nueva iniciativa ley y por qué Rodríguez busca modificarlo: Imaginemos que la Policía detiene a alguien que lleva en su vehículo miles de dólares, cuya procedencia se desconoce y que bien podrían provenir del narcotráfico o la corrupción. Anteriormente, para juzgar a esa persona por lavado de dinero, las fuerzas de seguridad tenían que capturar primero al narcotraficante o al corrupto, hacerle un juicio y lograr que un juez lo condenara. Hasta que la sentencia estuviera firme se podía castigar al que llevaba el dinero.
La iniciativa de ley cambia las reglas del juego: el blanqueo es un delito autónomo, o sea, no depende de otro ilícito. Para juzgar y condenar a quien llevaba el carro repleto de pisto no se necesita que el delincuente original (narco, extorsionador, político o secuestrador) haya sido procesado, juzgado ni condenado. Si la Fiscalía demuestra que alguien oculta dinero sucio, lo puede condenar por lavado de dinero, aunque el dueño original de la plata siga impune.
Ahora bien, ¿cómo se demuestra que el dinero es sucio? La nueva ley plantea que es válida cualquier prueba que la ley penal permita en la actualidad, sean documentos, testigos o transferencias bancarias. La normativa da valor a las inferencias, o sea, el análisis de los hechos. El juez puede utilizar la lógica y el sentido común para atar cabos.
Veamos un ejemplo: ¿Una persona que no posee recursos económicos, ni empresas, ni herencias, de la noche a la mañana puede comprarse una mansión? La nueva la ley permite deducir que esa persona sabía que el dinero que utilizó para comprar la propiedad provenía de transacciones ilícitas. Se puede llegar a ese análisis simplemente porque no hay una explicación lógica para que alguien tenga una fortuna de la noche a la mañana, sin ganarse la lotería. No hace falta que el señalado confiese: “Sí, yo sabía que el dinero procedía de la corrupción”.
Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid investigaron un caso parecido. Documentaron que Demci Arnoldo López Villatoro, amigo y testaferro de Miguel Martínez, compró una lujosa residencia en Alicante, España, por la que pagó €300 mil (Q2.7 millones). Antes de que Giammattei llegara a la Presidencia, López Villatoro se ganaba la vida vendiendo electrodomésticos, pero luego, gracias a Miguelito, fue nombrado agregado cultural de la Embajada de Guatemala en España. Además, se trasladó a vivir a Barcelona. ¿De dónde habría obtenido el dinero para comprar semejante vivienda en uno de los enclaves paradisíacos españoles si antes no tenía dinero, no heredó nada, ni se ganó la lotería? La nueva ley daría luces sobre este caso.
De esta manera se pueden entender las razones que hay detrás del interés del diputado Rodríguez para tratar de que se modifique el artículo 73 de la iniciativa de ley antilavado. Un legislador taimado como el jefe de la bancada Vamos no actúa gratis o de buena fe; hay contantes y sonantes razones de por medio.
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