El Ministerio Público (MP), en manos de Consuelo Porras, se ha convertido en una agencia de trámites de denuncias espurias, cuyo objetivo es dejar libre el camino de los corruptos. Pero no solo se ha lanzado contra los operadores de justicia, fiscales y comunicadores, sino que la ha emprendido contra los abogados que defienden a estos. El pasado lunes, 20 profesionales del Derecho, que han fungido como magistrados, jueces y presidentes del Colegio de Abogados y Notarios, expresaron su rechazo a la criminalización que ha desatado Porras. Los togados denunciaron la persecución penal del abogado Carlos Paz Archila, defensor del periodista Juan Luis Font. El MP pretende equiparar el libre ejercicio de la profesión con actividades delincuenciales, por formular una solicitud en los órganos judiciales competentes. Este hecho vergonzoso lesiona gravemente el sentido de la justicia y envía un mensaje intimidatorio que desnaturaliza la función esencial de la fiscalía general.

La acción contra el abogado Paz Archila solo es otra de las acciones espurias del MP. Esa forma de actuar perversa se observó en el caso de Leily Santizo Rodas, exmandataria de la Cicig y que afrontó la misma criminalización por ser defensora de la exfiscal Siomara Sosa López. Porras se lanzó contra ellas por su anterior labor contra las estructuras de corrupción e impunidad. También ocurre lo mismo con Virginia Laparra, exagente fiscal de la Feci, en Quetzaltenango, que se encuentra encarcelada por una denuncia espuria. ¿Cuál es su supuesto delito? No tener facultades para denunciar al juez de Mayor Riesgo Lesther Castellanos. El ensañamiento contra los operadores de justicia demuestra la forma en que Porras se postra ante el Pacto de corruptos para que la reelija al frente del MP.

El TSE al servicio de la narco-cleptocracia

No solo el MP muestra su cara más servil hacia la narco-cleptocracia política. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) han comenzado a evidenciar que su objetivo es asegurar únicamente la participación de los candidatos afines al Pacto de corruptos en los próximos comicios. Para ello se han escudado en la supuesta existencia de propaganda anticipada para anunciar que algunos eventuales candidatos podrían tener cerrada la puerta para su participación en las elecciones del 2023. Edmond Mulet, Roberto Arzú, Neto Bran y Martín Toc, entre otros, han recibido advertencias, que más parecen amenazas, que violan flagrantemente el derecho a la libre emisión del pensamiento. Eso quiere decir que para que el TSE acepte a alguien como candidato no tiene que abrir la boca para manifestarse sobre la situación del país o hacer propuestas sobre determinados asuntos de trascendencia nacional.

Pero mientras el TSE trata de amordazar a algunos posibles candidatos a elección popular, a los integrantes del Pacto de corruptos las deja actuar a sus anchas. Ese es el caso de Zury Ríos, Sandra Torres y Manuel Conde. La hija de Ríos Montt es muy activa en redes sociales como Tik Tok y en otros medios digitales, donde se promociona como figura política. Torres se mantiene en giras departamentales, en las cuales promociona el llamado “bono de la esperanza”, una variante clientelar de la bolsa solidaria. El presidente Alejandro Giammattei promueve a Conde en actividades públicas en la capital y el área rural. Claro, ellos forman parte de la alianza oficialista y por lo tanto pueden hacer campaña anticipada sin que el TSE les diga algo. Tal actitud de los magistrados electorales es perniciosa porque responde a los intereses de la dictadura de la corrupción e impunidad.