A lo largo de los años he escrito innumerables columnas y participado en foros, conversatorios y cátedras acerca de la importancia de la propiedad privada, y las implicaciones sociales y económicas que tiene.

Como lo destaca el premio nobel Milton Friedman, “los derechos de propiedad no son solamente una fuente de libertad económica, también son una fuente de libertad política”. Y dado que la libertad económica es multidimensional, pues involucra libertad de elección personal, intercambio voluntario, libertad para competir y protección de las personas de la propiedad —atributos todos que forman parte del índice de libertad económica—. “En síntesis, la propiedad, la libertad y la justicia son inseparables en un orden constitucional liberal”.

Lo anterior viene a colación por una carta a la que tuve acceso de la familia Dieseldorff Grimler describiendo los hechos violentos que se han venido dando con la invasión de la finca de su propiedad, Cubilguitz. Es una entre las docenas de fincas invadidas a lo largo de este año.

Debido a la incapacidad del gobierno de controlar las invasiones de las fincas, la situación está tan crítica que hasta entre los diferentes grupos de invasores hay desalojos violentos y nuevas ocupaciones. Es decir, ya hay competencia entre un grupo y otro. Es el caso de la finca Cubilguitz. Una pugna entre el primer grupo invasor —promovido el CUC—, y, otro grupo promovido por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), fundado por el exdiputado Leucadio Juracán.

Las invasiones en las Verapaces y la región del Polochic son un ejemplo de la ingobernabilidad que ha venido extendiéndose en el país en forma intermitente a lo largo del tiempo.

Siempre es el mismo problema: se da una invasión que constituye un delito flagrante, es decir que no requiere mayor trámite, sino la acción inmediata de las fuerzas de seguridad. Pero no pasa nada. En algunos casos la policía llega y se encuentra con un cordón de mujeres y niños impidiendo utilizar el legítimo poder coercitivo de la ley. No quieren arriesgarse y desisten. El mensaje llega alto y claro. “Los niños y las mujeres son la fórmula ideal para impedir los desalojos por la fuerza. No tengan pena, muchá, aquí no pasa nada”.

Un artículo hace años publicado en la revista The Economist plantea la realidad de un fenómeno de ingobernabilidad que las democracias de occidente están atravesando, de “estar en el gobierno, pero sin poder” (In office but not in power), sea porque las fuerzas políticas de un país se atomizan degradando a los partidos políticos en pequeños grupos de interés diversos haciendo difícil alcanzar consensos, o porque las posiciones en los parlamentos y congresos mantienen una mayoría que no refleja una gobernanza que fomente el bien común.

En Guatemala, con creciente frecuencia el Estado no ejerce el poder coercitivo de la ley cuando se cometen delitos flagrantes; es decir, que no requieren la orden de un juez para ejercer tal fuerza. El resultado es que se pierde la certeza del castigo en la población alentando la comisión de diversos delitos a sabiendas de que no hay consecuencias. Este se convierte en un círculo vicioso porque las autoridades tienen que enfrentarse posteriormente a grupos envalentonados que creen que pueden actuar sin restricción o consecuencia alguna.

La gobernabilidad, por el contrario, promueve el progreso. En Guatemala no puede haber empleo, ni generación alguna de riqueza si no se hacen inversiones. Por algo somos el “penúltimo” país después de Venezuela en atraer inversiones. La ingobernabilidad es la causa principal.

Alguien dijo que somos un país rico lleno de pobres, pero que hay países pobres llenos de ricos. Cae al guante el dicho ese.