Las innobles tapadas
Manipulación de la protesta para hundir derechos constitucionales
Cuando la autoridad se esconde, no responde o simplemente solo se concentra en perseguir enriquecimiento personal sin considerar sus funciones, surge el deseo de llamar la atención de la ciudadanía indolente. Muchas personas consideran la corrupción gubernamental como un mal cuyo significado es un costo adicional en sus negocios. Están dispuestas a pagarlo. Los más afectados impiden la normalidad pública a través de afectar la libertad de locomoción.
Financiamiento en negro e incapacidad gubernamental unidos en negar la libertad de locomoción.
Los protestatarios pierden legitimidad, pues muchas veces sus reclamos no son cabalmente entendidos. A los habitantes de las ciudades, en general, no les interesa proteger al bosque. De allí, no les cae bien les impidan la movilidad, aunque el tema forestal, desde ciertos puntos de vista, sea esencial para la vida colectiva futura. Para acelerar esa pérdida de aceptación de la protesta, se crean reclamos espurios financiados con dineros negros. Surgen grupos de alquiler para sabotear el transporte: los piquetes.
El movimiento piquetero hace odiosa a la oposición popular. Impide a los pequeños empresarios funcionar. Afecta a un sector de la población con automóviles, de toda gama. Y, en especial, perturba el transporte al por mayor. Estos bloqueos son una calamidad pública. Los financistas resultan ser políticos enquistados para enriquecerse, o intereses extranjeros para sabotear ramas de la producción en competencia en el mercado global.
Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, decidió medidas para enfrentar el uso clandestino por patrocinadores nacionales o extranjeros, aprovechadores de las libertades constitucionales. Paradójicamente, estos utilizan el ejercicio de un derecho para romper esa misma garantía: el derecho de manifestación pacífica y sin armas, a través de su tergiversación. Las principales acciones son: 1. Cobrar a las organizaciones de piqueteros los costos de su desalojo. O cubren el costo del control de una protesta desbocada o no pueden utilizar el sistema bancario. 2. Como se paga a cada participante, algunos llevan menores. Quien lo haga, será acusado penalmente. 3. Los vehículos de bloqueo se consideran inicialmente cómplices, salvo que demanden penalmente a los organizadores. Se sabe que camiones y autobuses atravesados en la vía pública cobran como si estuvieran laborando. De esa cuenta, la persecución penal cuenta con acusadores particulares. 4. Se señalan vías imprescindibles donde no puede haber bloqueos. 5. Existen contingentes entrenados para desalojar a los piquetes, donde se garantiza la falta de heridos o fallecidos entre los piqueteros o las fuerzas de seguridad.
Las viejas teorías de la seguridad pública establecen la necesidad de la actuación abierta de la oposición para descubrir su estructura. Por eso la promueven. Se pueden fotografiar, reconocer cuentas bancarias, conocer alianzas y rivalidades. Los líderes populares responsables la conceptúan como provocación. El dinero negro no fácilmente ingresa a la banca, de donde es posible conocer el patrocinio internacional no autorizado para esas prácticas manipuladoras. Obvio, existen transferencias conocidas y autorizadas para fomentar la infiltración. No obstante, terminado el desafío del siglo pasado, ya no tiene sentido una política global anticomunista.
En el Ministerio de Gobernación y en la PNC se habla del protocolo de atención a los bloqueos. Si existe, es obligado publicarlo en el diario oficial, pues se trata de una instrucción reglamentaria, y no solo escudarse en su existencia para excusar la incapacidad del respeto al derecho constitucional de libre locomoción.
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