Voy a cometer el pecado de “generalizar”. Y, encima, a lo mejor esté bajo una impresión equivocada. Sin embargo, creo que no es del todo irrazonable afirmar que, en general, las opiniones a favor de prolongar la suspensión de las actividades económicas y de continuar con el confinamiento parcial están más del lado de las izquierdas. Del lado de las derechas, en general, también, percibo más opiniones a favor de poner fin al confinamiento y de reanudar la vida económica.

Algunos de los que favorecen la prolongación de las medidas adoptadas por el Gobierno expresan el conocido pensamiento de que “la vida humana no tiene precio” y que, partiendo del supuesto de que el confinamiento preserva y protege mejor la vida humana, se deduce entonces que las pérdidas económicas quedan de sobra justificadas y al que le toque, pues que sea solidario y las absorba.

Otros dentro de este grupo entienden el problema desde una perspectiva, digamos, de clase. Ven las cosas en términos de que, en caso de reanudarse las actividades económicas actualmente suspensas, son los trabajadores los que correrán los riesgos (o más riesgos) de contagio, de enfermar y hasta de morir.

Todavía otros tienen para sí que ha llegado el día de demostrar que el Estado puede más que el mercado y que tiene los medios para manejar una crisis de un modo que, en el proceso del mercado, sería imposible.

De verdad, espero equivocarme, pues, de lo contrario, pudiera decirse que las izquierdas opinan en contra de lo que más conviene a los trabajadores. E insisto, esta es una generalización que, como todas, seguramente trata a muchos injustamente, lo cual no es mi intención.

En cuanto al primero y segundo puntos, el error de enfoque radica, entre otras cosas, en que enfermar del virus covid-19 no es el único riesgo que enfrenta un trabajador (o cualquier persona). El riesgo de que al terminar la suspensión de actividades no tenga ya trabajo, en una economía en contracción, es casi seguro mucho peor. Sobre todo, si ese trabajador lleva el sustento a su familia. Puede que de alguno de los programas de alivio financiero recientemente aprobados ese trabajador reciba una suma, por ejemplo, durante tres meses. Pero ¿y después de eso?

Creo que es de esperarse que, hasta que la economía se nivele, muy pocas empresas abrirán nuevas plazas de trabajo. Quizás la media de las empresas que fueron suspendidas más bien hará recortes de personal y, lamentablemente, algunos establecimientos tendrán que cerrar sus puertas.

Para la media de los trabajadores guatemaltecos esto es una tragedia mayor, me parece, que contraer el virus del que hablamos. Puede significar pérdidas irreparables.

En cuanto al tercer punto, a juicio mío, se plantea una dicotomía totalmente falsa. Si bien los órganos de un Estado pueden dictar medidas coercitivas que precaricen o incluso supriman la funcionalidad del mercado, es falso que así deba ser. Por el contrario, ahí donde los órganos del Estado garantizan el libre ejercicio de los derechos de las personas, su seguridad personal y jurídica, la sociedad prospera y el propio Estado adquiere más recursos. De ese modo se vuelve factible tender una mano a quienes dentro del marco del mercado no puedan, por la razón que fuera, sustentarse a sí mismos y a sus dependientes. Esto no es menos válido en una situación como la presente, si bien está claro que ciertas medidas son necesarias.
Tal parece que la humanidad está aprendiendo rápidamente que entre las medidas necesarias el confinamiento y la suspensión de actividades ya no valen. Lo que vale es un plan eficaz de pruebas masivas y el desarrollo de las infraestructuras necesarias para realizarlas y comprobarlas.