La sanción de Estados Unidos contra Gustavo Alejos y Felipe Alejos por corrupción, además de la de Gran Bretaña contra este último por el mismo motivo, va directo a la parte medular del Pacto de Corruptos. En ambos se encarna lo más perverso de la clase política del país que ha incursionado en el tráfico de influencias, sobrevaloración de precios de productos adquiridos por instituciones estatales, hasta convertirse en operadores para el control del Congreso y de las Cortes. A diferencia de los caciques de antaño que tenían incidencia regional, los Alejos forman parte de una red que ha logrado cooptar amplias áreas políticas y de la administración pública. Se podría decir que todos los caminos de la impunidad y la corrupción pasan por los Alejos. Ahora bien, ellos no operan solos. Ambos son la parte visible de una mafia que va más allá del Estado y tiene también sus tentáculos en el sector privado organizado. ¿De dónde proviene el dinero que han utilizado para comprar voluntades? ¿A quiénes sirven?

A Gustavo Alejos se le llegó a considerar el hombre de mayor influencia en el país. La estructura que creó estuvo ligada a la manipulación de procesos de compra y sobrevaloración de medicamentos en instituciones del Estado, entre ellas el IGSS. En el 2014, en una entrevista con la revista Contrapoder, el propio Alejos dijo que su patrimonio era de más de US$180 millones (unos Q1,400 millones), que incluía un avión valorado en US$7 millones y un helicóptero, en US$1.8 millones. Esa riqueza demostraba el nivel de rapacidad que alcanzaron sus negocios con el Estado. En forma paralela se convirtió en financista de varios partidos políticos, entre ellos la UNE. El entonces presidente Álvaro Colom lo nombró su secretario privado, lo que le dio un mayor impulso como operador político. Su influencia llegó a tal extremo que, en el 2020, desde el sanatorio en el que guardaba prisión preventiva, pudo manipular la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

¿A quiénes les interesaba que Gustavo Alejos hiciera ese trabajo sucio? El control de la justicia siempre ha sido uno de los objetivos de las élites políticas y económicas del país, pero también del crimen organizado. Por eso Gustavo Alejos se convirtió en una pieza clave del Pacto de Corruptos para controlar el Organismo Judicial, porque eso implica la posibilidad de colocar magistrados afines que manipulen la administración de la justicia. En eso convergen los intereses de quienes hacen negocios con el Estado o que buscan que sus operaciones ilícitas queden en la impunidad. En esa medida, la sanción de EE. UU. contra Gustavo Alejos toca una fina fibra de las mafias. Pero el trabajo no estará completo si se dejan los cabos sueltos ya que esas redes mafiosas podrán encontrar otro u otros operadores que continúen esa labor perniciosa.

Felipe Alejos es también el rostro visible de una estructura de corrupción e impunidad que sigue socavando la institucionalidad del país. Este diputado está señalado de formar parte de una red que operaba en la SAT para agilizar la devolución del crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas. Su poder quedó en evidencia cuando la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en cuatro ocasiones se negó a retirarle la inmunidad para que el Ministerio Público pudiera investigarlo por ese caso. De esa manera, los magistrados ponían la justicia a los pies de Felipe Alejos y le reconocían como operador de las Cortes. Pero es obvio que los Alejos no actúan por sus propios intereses. Por eso insisto, ambos son operadores de una estructura de corrupción e impunidad que tiene entre sus miembros a grandes empresarios, políticos, diputados, funcionarios, militares y criminales que conforman el Pacto de Corruptos y que se benefician de poner el Estado a su servicio.