Estados Unidos
Punto de encuentro
Las tachas de doña Consuelo
El solo hecho de que pueda integrar el listado hace saltar las alarmas.
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María Consuelo Porras Argueta no se quiere ir. Pero no está sola en ese empeño. La periodista Jody García, de Plaza Pública, lo explica en el reportaje titulado “Los dos lobbies que buscan que la administración Trump apoye a Consuelo Porras” (27/2/26), en el que documenta que “En el intento por continuar en el poder del Ministerio Público hay dos caminos abiertos para buscar el favor de la Casa Blanca. Son dos tipos de lobby, uno basado en un contrato y otro con actores relevantes en el movimiento MAGA. Ambos buscan con fuerza que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, marquen el rumbo de las elecciones del nuevo fiscal general”.
La manipulación evidente del poder punitivo del Estado y la intentona golpista de 2023 son motivos suficientes para excluirla.
Pero estos esfuerzos también apuntaban a incidir en los procesos de elección de las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC). Según se supo de manera extraoficial (No Ficción, 5/3/2026), los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habrían sido presionados por personeros de la embajada estadounidense para elegir a Porras como magistrada para el próximo período; cosa que no sucedió, aunque las designaciones no son para alegrarse.
Antes, Consuelo Porras había presentado su papelería para integrar el tribunal constitucional por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Sin embargo, aun cuando ha protegido al rector Walter Mazariegos —que llegó a la rectoría de la Usac tras un proceso electoral fraudulento— y ha sido su aliada en la persecución penal espuria en contra de estudiantes, profesores universitarios y abogados que denunciaron y se opusieron al fraude, no recibió ningún voto para esa designación.
Ni lerda ni perezosa, la funcionaria entregó su expediente para ser considerada como candidata a la reelección de la Fiscalía General para un tercer período y continúa en el proceso que lleva adelante la comisión de postulación presidida por otra de sus aliadas, la actual presidenta de la CSJ, Claudia Paredes.
Aunque el contexto político guatemalteco no es el mismo que el del 2022, cuando el entonces presidente Alejandro Giammattei la designó para un segundo mandato al frente del MP, luego de que la Corte de Constitucionalidad obligara a la comisión de postulación a incluirla en el listado final de candidatos, existe el peligro de que nuevamente integre (no precisamente por sus méritos) la nómina de seis nombres entre los cuales Bernardo Arévalo deberá escoger al próximo fiscal general. No obstante, no corremos peligro de que el presidente la considere; el solo hecho de que forme parte del listado hace saltar las alarmas porque ya sabemos cómo las fuerzas oscuras operan para conseguir sus objetivos.
Ahí tienen ustedes al grupo de decanos de las facultades de Derecho que se sumó a Paredes para anular la mayoría de las “tachas” (objeciones) fundamentadas que se presentaron en contra de la candidatura de Porras.
Los señalamientos que sí fueron admitidos: litigio malicioso, persecución penal arbitraria, debilitamiento de casos a favor de personas señaladas de gran corrupción, filtración de información sensible, plagio de tesis doctoral… son razones suficientes para dejarla fuera por no cumplir con los requisitos de honorabilidad, idoneidad y capacidad. Por eso resulta clave, en esta etapa que se viene, redoblar la fiscalización y la presión ciudadana para evitar que sus aliados dentro de la comisión de postulación acepten sus “pruebas” de descargo y la mantengan en el proceso.
La manipulación evidente que ha hecho del poder punitivo del Estado para perseguir a inocentes y beneficiar a corruptos y haber liderado una intentona golpista en las pasadas elecciones son motivos más que válidos para excluirla. ¿Acaso puede haber una tacha mayor?
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