En el Congreso de la República se está retomando la discusión de la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial, la cual está pendiente de segundo debate y podría ser la iniciativa que ayude a acelerar el crecimiento económico, el empleo y la inversión, transformando al país en los próximos diez años.

Un estudio presentado la semana pasada a la Junta Monetaria por parte del Banco de Guatemala estima que la iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial, de ser aprobada, podría aumentar a 6.1% el crecimiento económico en los próximos dos años, generar la oportunidad de atraer US$2,000 millones en nuevas inversiones y aumentar en tan solo un año el número de empleos a 166,300 nuevos puestos de trabajo, con un total de 547,200 nuevos en diez años.

Luego de ver lo que está pasando en Purulhá, Baja Verapaz, en la ruta CA-14 y el libramiento de Chimaltenango, está más que claro que el sistema que tenemos actualmente para construir infraestructura vial en nuestro país no funciona.

El covid-19 ha afectado la economía y ha llevado a Guatemala a una de las crisis económicas más importantes que hemos tenido en el último siglo. Para poder mitigar los efectos del covid-19, se requiere no solo una agenda económica de leyes que ayuden a mejorar el clima de negocios, sino a transformar la forma en que se construyen carreteras y elevar la formación bruta de capital, que hoy es de apenas 14.04% del PIB (el indicador de inversión en infraestructura más bajo en América Latina), a por lo menos 27.12% del PIB en los próximos dos años.

Dentro de las ventajas que presenta la iniciativa es clave mencionar que se da una estructura legal que le permitiría al Estado guatemalteco estructurar proyectos de inversión a través de nuevas carreteras, calles y caminos rurales, así como la capacidad de contar con un fondo de inversión para infraestructura vial que, en poco tiempo, triplicaría los recursos disponibles, a través del mismo impuesto de distribución al petróleo.

Otra gran innovación de la iniciativa 5431 es que permite al Estado guatemalteco invertir en carreteras a través de modelos de pago de cargos por disponibilidad, lo cual garantiza un mejor servicio de infraestructura vial para el país, ya que el Gobierno paga una anualidad, por el servicio de una carretera en buenas condiciones (un sistema de pago muy utilizado en países como Chile, México o Ecuador, en América Latina, y en Estados Unidos y Europa, que tienen excelente infraestructura vial).

La iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial, además, tiene otras grandes ventajas, permite propuestas no solicitadas, una figura clave para empezar a invertir en la estructuración de proyectos, agiliza el proceso de inversión en infraestructura vial por parte del Gobierno, ya que clarifica un proceso certero para la adquisición del derecho de vía y facilita, además, la construcción de túneles, ya que da certeza jurídica al uso del subsuelo, algo que es urgente para varios proyectos, especialmente en el área metropolitana.

Este es el momento en que los líderes políticos pueden hacer una diferencia para Guatemala y aprobar una ley que cambie la forma de construir carreteras y que ayude a nuestro país a salir adelante. De lo contrario, seguiremos con el mismo sistema, que fomenta la corrupción en la infraestructura vial y vamos a continuar lamentando las tragedias humanas que ocurren cuando poblaciones enteras se ven desconectadas y sin acceso a poder circular o recibir bienes o servicios.