Con toda la pompa del caso, el presidente Alejandro Giammattei develó el miércoles pasado un monumento por la vida, en el nuevo Patio por la Vida, en el Palacio Nacional de la Cultura. Entre religiosos y funcionarios asistentes destacaba una persona que no tenía razón de estar en un acto oficial, pero, bueno, aquí se aceptan las excepciones. Se trataba ni más ni menos que de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, y su presencia quizá se debía a su idolatrada cercanía con el jefe de Estado de este país provida. Son esas excepciones “aceptables”, por no decir hipócritas, de funcionarios que apenas un día antes habían aprobado una ley misógina y homofóbica para preservar la moral cristiana y combatir el pecado nefando. Claro, hay que entender que en el fondo el decreto 18-2022, Ley para la protección de la vida y la familia, es una cortina de humo para desviar la atención de los señalamientos de corrupción contra Giammattei y sus aliados, y una plataforma politiquera con vistas a las próximas elecciones.

¿Había necesidad de una ley de esa naturaleza? No. Las mentes obtusas y decimonónicas en el Congreso, con el respaldo de Giammattei y la barra de curas y pastores mojigatos, se recetaron una ley que repite lo más atrasado de la legislación guatemalteca. El artículo 3 constitucional señala que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona, o sea lleva implícito el rechazo al aborto. ¿Había necesidad de exhibir la homofobia en su máxima expresión en una nueva ley? No. El Código Civil, vigente desde 1963, señala en su artículo 78: “El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente (…)”. Hay que decirlo con claridad, el Pacto de corruptos está urgido de legitimar su permanencia en el poder y no ha dudado en acudir a la aprobación de una ley para ganarse el apoyo de los fanáticos religiosos. El objetivo es un baño de multitudes con olor a santidad, aunque apesten a corrupción.

El problema es que las mentes hipócritas del Congreso se recetaron una ley que violenta los derechos humanos, la educación y la salud sexual y reproductiva. La nueva normativa no tiene en lo más mínimo nada de provida, ya que atenta contra la salud y la vida de las mujeres. Es un ataque perverso contra las mujeres al aumentar las penas por aborto. En realidad, lo que esta ley hará es aumentar los precios de los abortos clandestinos y pondrá en mayor peligro la vida de las mujeres. Es también un atentado contra las personas no heterosexuales, a quienes deja en completa indefensión porque señala que son “incompatibles con los aspectos biológicos o genéticos del ser humano”, o sea, les dicen desviados. Ese planteamiento es abiertamente contradictorio con la declaración de las Naciones Unidas que condena la violencia y la discriminación contra cualquier persona por su orientación sexual e identidad de género.

La nueva ley es una aberración porque, con intenciones de fanatismo religioso, retrocede en la definición de la familia. Según la normativa, el modelo familiar de Guatemala es el de hombre, mujer e hijos, o sea se basa en la idea cristiana de la sagrada familia, lo cual no tiene sentido en la actualidad. Esta norma atenta contra las nuevas formas de hogar, como las familias monoparentales conformadas por madres solteras, viudas, separadas o de padres, abuelos, tíos que crean núcleos familiares. A eso se agrega que esta ley impide la educación sexual en los centros educativos, por el supuesto peligro de que los niños sean expuestos a “ideas exóticas” como la supuesta ideología de género, que solo existe en las mentes retrógradas de los diputados que aprobaron la ley. Por eso, esta normativa es un atentado contra los derechos de las personas y es abiertamente anticonstitucional.