Al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín (JRZ) lo detuvo el MP de María Consuelo Porras Argueta el 29 de julio de 2022. El operativo que dirigieron los fiscales Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche y ordenó el juez Fredy Orellana (el combo Engel) fue violento y desproporcionado. Al mismo tiempo fueron allanadas las oficinas de elPeriódico en un claro mensaje de la Fiscalía: el medio no debía circular más.

Han pasado 550 días en los que JRZ ha enfrentado innumerables vejámenes y arbitrariedades. A las condiciones de la celda de aislamiento en la que fue recluido, en la que prácticamente no entra luz pero sí toneladas de polvo y plagas, se agregaron las requisas nocturnas con perros, ruidos continuos para no dejarlo dormir y el permiso de salir a tomar el sol solamente una hora al día.

Su familia tuvo que abandonar el país por el riesgo de ser arbitrariamente detenida y varios de sus abogados fueron condenados en juicios exprés, obligados a aceptar cargos para que nos les refundieran en prisión. Un grupo de nueve columnistas y periodistas de elPeriódico fue señalado por el MP de obstrucción de la justicia y el juez Jimi Bremer ordenó investigarlos. La mayoría salió al exilio y, aunque 11 meses después se trasladó el caso a un tribunal de imprenta, la Fiscalía ya apeló la decisión.

JRZ fue condenado en junio de 2023 a seis años de cárcel inconmutables por el delito de lavado de dinero. El MP había solicitado 40 años y lo acusaba también de los ilícitos de chantaje y tráfico de influencias. A decir del tribunal, la Fiscalía no pudo sustentar esas dos acusaciones y de estas fue absuelto. Sin embargo, y a pesar de que no se probó el origen ilícito del dinero (indispensable para que exista lavado de activos); de que se le negó el derecho de presentar sus pruebas en el juicio (incluidas las que demostraban de dónde provenía el dinero) y de que tuvo que cambiar en diez ocasiones de defensores por las presiones y la persecución judicial que sufrieron, el tribunal lo condenó y lo mantuvo en prisión. Tampoco podemos olvidar la acusación espuria en contra de la fiscal Samari Gómez, a quien Porras, Curruchiche y Monterroso involucraron para poder endilgar al periodista el delito de tráfico de influencias. Por esta fabricación, la abogada Gómez sufrió más de un año de injusta prisión.

En octubre, una sala de apelaciones anuló la condena contra Zamora y ordenó repetir el juicio pero mantuvo la prisión preventiva. El periodista está enfrentando un segundo proceso, igual de espurio y fabricado que el anterior.

¿Pero por qué las acusaciones contra Jose Rubén son parte de una persecución indebida del MP y un claro ataque contra la libertad de expresión y el periodismo independiente? Primero, porque el caso Zamora se inserta en un contexto de persecución y criminalización contra operadores de justicia y periodistas que investigaron y desvelaron grandes tramas de corrupción. Segundo, porque las investigaciones de elPeriódico —144 solo en el primer año del gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez— desnudaron el accionar criminal de la pareja presidencial (ver La fábula del Ogro y el Principito Azul que lo quería todo) y tercero, porque a la par de la persecución penal se emprendió una estrategia para ahogar financieramente al medio y obligarlo a cerrar.

El nuevo gobierno no puede liberar a Zamora porque eso compete al sistema de justicia. Pero sí puede y es su deber garantizar su vida e integridad y condiciones dignas de prisión. Llegará el día en que Consuelo Porras y su estructura deban enfrentar cargos por retorcer la ley y manipular el ejercicio de la acción penal para perseguir inocentes; mientras ese momento llega seguiremos exigiendo su renuncia, la libertad de Jose Rubén Zamora y la de todos los presos políticos.