Estados Unidos
Estado, empresa y sociedad
Lloviendo sobre mojado
No queremos exagerar, pero tampoco podemos minimizar la situación.
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Si las demostraciones de la clase política nacional representada en el Congreso de la República, de resistencia, enmiendas amañadas o injustificadas postergaciones para que Guatemala modernice su legislación en materia de prevención y persecución de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva conforme a estándares internacionales, que nos llevarán a ser un país paria internacional no fuera suficiente, ahora los Estados Unidos de América (EUA) impone a nuestros connacionales una serie de limitaciones para remitir sus remesas, que son las que han mantenido a flote a nuestra economía durante los últimos años.
Las medidas dirigidas a la población inmigrante ilegal en los EUA podrían ser nefastas.
Si además de los que por ignorancia, negligencia o complicidad con el crimen organizado nacional y transnacional nos encaminan a que Guatemala termine en la lista de países no cooperantes en la lucha contra los delitos precitados, universalmente perseguidos, agregamos los efectos de la reciente disposición del presidente de los EUA, emitida la semana pasada, “Restaurando la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos”, que amenaza con afectar el envío de remesas hacia Guatemala, sería como llover sobre mojado. Y aunque esta última es una disposición interna que atañe al país del norte, su aplicación podría tener severas consecuencias en la economía nacional.
El país ostenta una reconocida estabilidad macroeconómica y una sólida posición externa con reservas monetarias internacionales (RMI) de más de US$32 mil millones y un flujo anual de remesas que alcanza los US$25 mil millones. Pero las medidas dirigidas a la población inmigrante ilegal en los EUA, que no poseen papeles ni autorización de trabajo, podrían ser nefastas para una parte de los casi 3 millones que se encuentran por allá.
La orden ejecutiva del presidente estadounidense endurece las normas para bancos y operadoras de remesas, que deberán considerar de mayor riesgo a las personas sin autorización de trabajo, que solo utilizan los ITINs (Número de identificación tributario individual), o que no posean número de seguro social (utilizados por los migrantes para abrir cuentas bancarias), o que reciben pagos de nómina fuera de libros o por plataformas de pagos directos en efectivo. Además, los prestamistas deben considerar la capacidad de pago por la eventual deportación y pérdida de ingresos de prestatarios sin autorización de trabajo, debiendo recolectar información sobre el estatus migratorio para evaluar riesgos de actividad ilícita, fraude o evasión de sanciones, contemplando también como riesgo a quienes solo posean tarjetas consulares de identificación (como la matrícula consular guatemalteca), que podría significar la posible invalidación de este documento en los EUA.
Como bien expresa FUNDESA en reciente publicación, las implicaciones en EUA por debidas diligencias ampliadas para conocer al cliente (KYC); limitaciones al crédito, cierre de cuentas (derisking), bloqueos, retrasos, costos adicionales, uso de canales informales y disminución del flujo de divisas, así como el efecto en la economía nacional al reducir la capacidad de consumo en muchas comunidades, la contracción del crédito de consumo nacional y una menor recaudación de impuestos sobre importaciones financiadas con las remesas, además de un eventual impacto en el tipo de cambio y el nivel de RMI, exigen una estrategia nacional urgente, pública y privada, tanto en el plano diplomático-bilateral como en el plano regulatorio-financiero. No queremos exagerar, pero tampoco podemos minimizar la situación.
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