Aleph

Los capos de la salud y el efecto colateral

Carolina Escobar

En cualquier parte del mundo, robar el dinero que está destinado a la salud de la población, es un crimen. Pero robarlo en Guatemala, el “país” donde la gente se muere aún por enfermedades del siglo XIX y las medicinas son las más caras de América Latina, es un crimen de lesa humanidad. A propósito, lesa humanidad “es un acto inhumano(…) que causa grandes sufrimientos intencionales o atenta de gravedad contra la integridad física o la salud mental(…) como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

En Guatemala no solo no contamos con un Sistema de Salud en el estricto sentido de la palabra, sino que sabemos que eso tiene relación con la corrupción. Aquí, la salud es un negocio redondo entre organizaciones mafiosas que restringen, cada día, el derecho a la salud de millones de personas. ¿O nos olvidamos del caso Pisa, entre muchos más? Otra evidencia contundente de los oscuros intereses detrás del negocio de la salud, son los sistemáticos ataques para acabar con el convenio que se firmó entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Unops, con el fin de transparentar la compra de medicamentos del IGSS, que beneficia a más de tres millones de usuarios. ¿Y cómo no?, si afecta al oscuro monopolio que hay detrás de las compras de medicamentos sobrepagados. Solo entre el 2015 y 2016 hubo 124 unidades que compraron medicamentos cuándo y cómo querían, bajo el argumento del desabastecimiento, y llegaron a pagar hasta cuatro mil por ciento más por las medicinas. Todo se hizo “legalmente”. Luego del convenio, ha habido un ahorro entre el 55 y el 80 por ciento sobre los precios anteriores.

Hace pocas semanas, el doctor Román Carlos respondió públicamente a un artículo del Dr. Gert Rosenthal, a quien conoce bien. Rosenthal hablaba en su texto sobre el absurdo de los altos precios de las medicinas en Guatemala, tres veces más caras que en Francia, donde él se enfermó y necesitó comprarlas. “Tiene toda la razón”, respondió el Dr. Carlos; “el precio de los medicamentos en Guatemala es, con certeza, el más alto de América Latina y probablemente del mundo; esto irónicamente, en un país con la mayor tasa de desnutrición crónica del continente (…). Esto tiene una sola respuesta: Corrupción. Los millones de dólares pagados en comisiones a funcionarios corruptos en el sistema de salud pública, y en entidades como el IGSS e incluso financiamiento para otras actividades que entregan estas empresas no son gratis, su precio lo paga el enfermo. (…) Eso sí, las grandes empresas farmacéuticas transnacionales se cuidan muy bien las espaldas; esas prácticas corruptas las expondría a multas multimillonarias en sus países de origen”.

Por ello, dice el doctor Carlos, las coimas se entregan vía droguerías, testaferros y socios locales que “gastan mucho dinero invitando a médicos y odontólogos de diversas especialidades a almuerzos y cenas caras, una práctica prohibida en países desarrollados, en donde la ética y la decencia se anteponen a intereses personales”. No en Guatemala, donde la corrupción es normal y la enfermedad es un oscuro negocio. Aquí no solo tenemos las medicinas más caras del mundo, sino que se venden medicamentos genéricos de mala calidad o que en otros países están prohibidos, porque no hay control alguno sobre ellos.

Por lo expuesto, el doctor Carlos enfrenta hoy amenazas y hasta procesos legales. Ante ello, varios profesionales de la medicina han salido en su defensa, a la cual me sumo. Sin embargo, más allá de todo, el gran efecto colateral de este crimen silencioso, son las vidas afectadas o perdidas de millones de personas. Quizás es momento de desmantelar este sistema que compra incluso gobiernos, tanto en países del primer como del tercer mundo, y lo mejor es empezar por casa.