Uno de nuestros grandes problemas para arribar a un sistema de justicia eficiente es la preparación en el estudio de derecho donde se le brinda demasiada atención a la recitada textual de normas. La preparación gramatical del derecho queda en terrible orfandad cuando el orden jurídico reconoce como derechos todos aquellos que no están expresamente reconocidos en la constitución o cuando un derecho es entendido de forma restringida. Esto complica miles a quienes han considerado la ley como sinónimo de derecho. Me encanta usar la frase de don Gabriel Orellana “la constitución no es receta de cocina”.

La interpretación constitucional es la más eficiente forma de hacer viva una constitución, jamás debe servir para burlar sus postulados, sino para asegurar su adaptación a los cambios sociales. Los derechos de las mujeres son buenos ejemplos para ver como los fallos de distintos tribunales abrieron brecha para que legisladores aprobaran normas. Guatemala adoptó el sufragio universal hasta 1965 y fue hasta este siglo que se modificaron normas de Derecho Civil que atentaban a su dignidad.

Quedarnos en nuestra localía no nos deja ver más allá y por esto es fundamental el derecho comparado, por ejemplo, cómo los Estados Unidos han enfrentado el tema de la igualdad con su misma constitución. Se atribuye a Abraham Lincoln, luego de la Guerra de Secesión la abolición de la esclavitud, pero ¿pretendían reconocer la igualdad entre blancos y negros en aquel momento histórico? Nos relatan cómo se decidió la abolición de la esclavitud, pero se calla sobre el complejo entramado de políticas y normas de segregación racial que aún tiene herencias fuertes. Por años la Suprema Corte reconoció la teoría de “separados pero iguales” (separate buy equal), y por eso en el transporte público, las escuelas, los deportes, los barrios eran de blancos o de negros. Las leyes de segregación fueron bendecidas desde la tribuna judicial, hasta el matrimonio interracial estaba prohibido (16 estados lo consideraron delito).

Luego de la II Guerra Mundial donde blancos y negros pelearon contra el fascismo fue que se empujaron los grandes cambios. Uno de ellos en 1951 cuando Linda Brown de 7 años vivía en Topeka, Kansas y para ir a la escuela de negros debía caminar una distancia considerable, sin embargo, existía una escuela de blancos cerca de su casa. Un grupo de padres presenta la demanda y la corte recién integrada por un conservador republicano como lo era Earl Warren tomó una de las decisiones más cruciales como lo fue reconocer la segregación escolar como atentado contra la igualdad garantizada en la Décimo cuarta Enmienda de la Constitución: “en el campo de la enseñanza pública no tiene cabida la doctrina de “separados pero iguales”. Un sistema con escuelas separadas es intrínsecamente desigualitario”.

Nadie es dueño de la constitución y por eso se adapta o, de lo contrario, se vuelve ilegítima. Esta reflexión la hago porque no abona al debate serio que Roberto Molina Barreto quien fue magistrado constitucional publique en Prensa Libre como en otros medios una misma columna donde señala que quienes no están de acuerdo con él con relación a que el Congreso puede remover Magistrados constitucionales son “activistas” y él se considera a sí mismo como jurista, por supuesto pasando por alto su reciente candidatura vicepresidencial y como tal, su activismo político donde hasta su análisis es adoptado por su partido.

Sirvan estas letras para procurar debate y rechazos a los ataques ad hominem porque no hay dueños de una sola interpretación constitucional, pero sí principios fundamentales como la independencia del juez que debemos respetar y garantizar. Una República exige madurez, pero sobre todo pensamiento plural y de esto estamos muy lejos.