Estados Unidos
Escenario de vida
Los frentes políticos que nos tienen en jaque
Cinco frentes abiertos: Justicia, elecciones, constitucionalidad, academia y política monetaria en la mira.
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Guatemala atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. No se trata de una sola elección, sino de varios procesos simultáneos que definirán el rumbo institucional del país en los próximos años. Cuando tantas piezas claves del Estado se renuevan al mismo tiempo, la vigilancia ciudadana deja de ser una opción y se convierte en una obligación.
Cuando tantas piezas claves del Estado se renuevan al mismo tiempo, la vigilancia ciudadana se convierte en una obligación.
El comunicado de Foro Guatemala recién publicado enciende una alerta seria sobre el proceso de elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032. La publicación de la nómina el 18 de febrero abrió el plazo legal de 72 horas para presentar impugnaciones, conforme a la Ley de Comisiones de Postulación. Sin embargo, según el pronunciamiento, durante ese período no hubo personal administrativo permanente en la sede de la comisión —ubicada en el Congreso—, incumpliendo lo establecido en la normativa vigente para recibirlas y limitando así el derecho ciudadano a objetar candidatos. Se ha comentado que, a última hora, quizás la CC le pida al Congreso que devuelva la lista, y eso sería lo correcto ante las candidaturas cuestionadas pues, de no devolverse, será catastrófico para Guatemala.
No es un detalle menor. El TSE es el árbitro de la democracia. Si su integración nace bajo cuestionamientos de opacidad o irregularidad, la confianza pública se erosiona desde el inicio. Y en un país donde las elecciones presidenciales se aproximan, la independencia y honorabilidad del TSE es indispensable.
A la par, se desarrolla la elección del próximo fiscal general. La postulación de Consuelo Porras para un nuevo período ha profundizado la polarización política. El presidente Bernardo Arévalo ha calificado su intento de reelección como “una burla”, sabiendo que ella es su peor enemigo. Sus pretensiones caen en lo ridículo, mientras sectores críticos advierten artimañas en mecanismos oscuros de calificación por encima de características de idoneidad y honorabilidad.
También se renueva la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo intérprete de la Constitución. Su integración marcará la resolución de controversias electorales, amparos y conflictos entre poderes del Estado. Una CC cooptada podría alterar el equilibrio republicano. ¿Es acaso algo que permitiremos?
En paralelo, la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala no es un asunto meramente académico. Ese cargo incide en espacios de representación clave dentro del sistema institucional. Los propios estudiantes y docentes se han opuesto a la candidatura de quien ha asumido la rectoría por mucho tiempo de forma anómala. Lo mismo ocurre con la designación del próximo presidente del Banco de Guatemala, cuya conducción impacta la estabilidad económica y financiera de todo un país.
Cinco frentes abiertos. Cinco decisiones estratégicas. Justicia, elecciones, constitucionalidad, academia y política monetaria. No se trata de sembrar sospechas infundadas, sino de reconocer un patrón histórico que está fraguándose.
La legitimidad democrática descansa en procesos transparentes, apegados a la ley y abiertos al escrutinio. Hoy, más que nunca, corresponde al Congreso y al Ejecutivo actuar con responsabilidad histórica y a nosotros como ciudadanos observar, exigir y no distraernos, ya que solo cuando los árbitros, los jueces, los fiscales y los custodios de la estabilidad económica se eligen con claridad logramos salir a flote como país.
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