De las imprecisiones históricas de las guerras siempre surgen los demonios del pasado para encarnarse en los juicios contra militares, generalmente empujados por las agendas ideológicas de las organizaciones de derechos humanos y los acompañantes del momento.

El Dr. Julio Álvarez Téllez, experto jurista, en la obra Los derechos humanos como ideología, una lectura desde el pensamiento antimoderno (Téllez 2013), hace un interesante análisis de las organizaciones de derechos humanos, y concluye que: “Tras esta concepción de libertad y de derechos humanos se formula una acerada prohibición: no se puede organizar libremente el orden político sobre otro principio que no sea el de la libertad desligada. Pero lo más importante, sostiene Téllez, es que “por ser contradictorios, son creadores de injusticias, porque en muchas ocasiones son simplemente inaplicables. Se vuelven tan nefastos como el mal que buscan erradicar”, dado que la respuesta a la disgregación individualista es precisamente obtener mayores cuotas de estatismo, y el ideal de igualdad exige intervención de la planificación estatal”.

El sesgo y las contradicciones de las organizaciones de los derechos humanos no es nuevo. Los derechos humanos en las Naciones Unidas también no reflejan el espíritu que se esperaría de una alta mesa representativa de derechos humanos electa por sus miembros, al elegir a países de incuestionable violación de los DDHH, como Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, el Congo y China. Esta dicotomía, notoriamente contradictoria e inadmisible, la sintetizó la exembajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas Nikki Haley, cuando la administración Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos, en protesta por lo que percibía como “un prejuicio arraigado contra Israel y la voluntad de permitir como miembros a notorios violadores de los derechos humanos”.

Sirva el preámbulo para traer a colación el caso de militares octogenarios procesados por el caso Molina Thiessen, cometido, supuestamente, hace 40 años, por Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas.

Todos están purgando condenas desde el 2018 por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen y la detención ilegal y violación de la hermana Emma Guadalupe. La familia Theissen recibió del Gobierno US$698,000, como reparación económica por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen.

El caso adquiere una nueva notoriedad cuando, casi en forma novelesca, se comienzan a conocer una serie de pruebas que ponen en tela de duda la desaparición de Marco Antonio Theissen. Surge la hipótesis de que Felipe Neri Espinoza Quevedo, quien estuvo sentado junto a la familia el día de la condena, tiene un gran parecido con las hermanas Theissen, y es posiblemente el desaparecido Marco Antonio Molina Theissen.

La abogada de los militares solicita una prueba de ADN, pero se inicia una sospechosa resistencia que hasta el día de hoy continúa mediante tácticas legales dilatorias. Por el bien y la memoria de los desaparecidos, ¿acaso acceder a hacérselo no sería un victoria para sellar el caso? ¿Por qué se oponen? ¿Hay mucho en juego? ¿El derrumbe de un caso paradigmático de alto perfil político para las oenegés de derechos humanos? ¿Los US$648 mil? ¿Las consecuencias penales para los responsables de este engaño?

Y nuevamente traigo a colación ese sesgo que se ha visto en todos los juicios de los militares, iniciados por miembros de oenegés con comprobados nexos de militancia guerrillera, desde Claudia Paz y Paz, Frank La Rue, Mario Polanco, Myrna Mack, Mynor Melgar y, por supuesto, la Premio Nobel Rigoberta Menchú. Huele a azufre…