Estados Unidos
Estado, empresa y sociedad
Lucha de poder
La Constitución Política de la República instituyó a la CC como un tribunal permanente de jurisdicción privativa.
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Hace años, un dilecto abogado, me aseguró que el verdadero poder judicial radicaba en quienes llegan a influir o controlar el sector justicia, cuya cúspide es la Corte de Constitucionalidad (CC), llamada la “corte celestial”, dado que sus resoluciones y fallos son definitivos, inapelables y de cumplimiento obligatorio; no se discuten sino se acatan y se cumplen, como han repetido, según convenga, unas veces unos y otras veces los contrarios, conforme se han visto beneficiados por sus sentencias.
La Constitución Política de la República instituyó a la CC como un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional y actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado. Cada cinco años hemos sido testigos de las luchas de poder entre distintos sectores económicos, políticos y sociales, para influir en la designación de los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes, porque de ellos dependen las decisiones más trascendentales en materia jurisdiccional e institucional en el país.
Dependiendo de quienes sean los magistrados y quienes hagan mayoría en la CC, así será la orientación de las decisiones de este alto tribunal. Y a veces un solo magistrado puede ser un escollo, como sucedió cuando en el 2021, la Magistrada Gloria Porras (que llevaba 10 años en el cargo), reelecta por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC, anuló su elección como magistrada titular, pero no así la del suplente, efectuada a través del mismo procedimiento, en cumplimiento de una resolución de la CC, integrada por el Magistrado Roberto Molina.
Ojalá que la CC resuelva los casos con independencia y absoluto apego a Derecho.
Según expuso la exmagistrada Porras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso 15.475) en noviembre pasado, los ataques contra ella iniciaron cuando emitió su voto razonado en contra de la decisión de la CC de anular la condena por genocidio contra el General Efraín Ríos Montt, en 2013. Por otra parte, a ella también se le atribuía influencia en el resto de los integrantes de la CC para orientar resoluciones que afectaron a empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros, por un aparente sesgo anti empresarial.
La semana pasada, 15 años después de la anulación de la designación de la exmagistrada Porras, en el Congreso de la República vimos un estridente enfrentamiento ideológico y de intereses creados, locales y aparentemente extranjeros, según declaraciones de más de algún diputado, durante la reelección del Magistrado Roberto Molina Barreto. Con una trayectoria en la CC que inició desde hace 20 años, cuyas resoluciones se han caracterizado por un enfoque conservador, que generó anticuerpos desde que, como integrante del tribunal colegiado, fue pieza clave para anular la sentencia contra el general Ríos Montt, dado que no se había cumplido con un amparo que ordenaba resolver previamente la recusación planteada por la defensa y suspender el juicio.
Ahora, al fragor de la lucha política para su reelección, se pusieron en duda otras decisiones más recientes, adoptadas en forma colegiada por la CC, muy cuestionadas por los 44 diputados que votaron en su contra, por sectores sociales y por el mismo Presidente Arévalo. Por otra parte, el magistrado reelecto obtuvo el respaldo de 100 diputados.
Así que la lucha entre “tirios y troyanos” por controlar la CC volvió a aflorar, la cual es de larga data en la historia nacional. Ojalá que la CC resuelva los casos con independencia y absoluto apego a Derecho. Así como ordenó dar posesión a los diputados, alcaldes y binomio presidencial, electos en 2023.
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