Como si nada los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cumplieron ya siete años en sus cargos y no hay señales de que haya recambio en ese organismo, gracias al apoyo que tienen de quienes controlan los organismos Ejecutivo y Legislativo. La alianza de la narcocleptocracia que gobierna el país está cómoda con estos magistrados porque responden a los intereses de las mafias incrustadas en el Estado. Los magistrados, con honrosas excepciones, no solo están al servicio de los políticos corruptos y de la cúpula empresarial depredadora, sino que también tienen el objetivo de eliminar a los jueces independientes. Así como Consuelo Porras se ha dedicado a neutralizar a fiscales y a desbaratar los avances en las investigaciones penales en el Ministerio Público, los magistrados de la CSJ han emprendido una cacería contra jueces que son incómodos a los poderes paralelos.

Es importante recordar la génesis de los actuales magistrados para entender por qué están al servicio de los corruptos. Cuando Manuel Baldizón, excandidato presidencial de Líder, fue capturado en Estados Unidos, en 2018, envió una carta a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con la aparente intención de convertirse en testigo protegido. En la misiva reveló la forma en que escogieron a los actuales magistrados de la CSJ. Baldizón admitió que en el 2014 negoció con Alejandro Sinibaldi, en ese entonces candidato presidencial del Partido Patriota (PP), para que a este le correspondieran ocho magistrados y a Líder, cinco. En una reunión que sostuvieron en una suite presidencial del Hotel Vista Real, carretera a El Salvador, a los magistrados escogidos les exigieron protección ante cualquier acusación penal en su contra. Los 13 magistrados juraron lealtad a Baldizón y Sinibaldi con la mano levantada sobre el hombro. En esa reunión estuvieron presentes, entre otros, Juan de Dios Rodríguez, Mauricio López Bonilla y Gustavo Herrera, quienes habrían sido intermediarios en esas negociaciones.

El origen espurio de estos magistrados permite comprender por qué han hecho tan buenas migas con el presidente Alejandro Giammattei y con la alianza oficialista que controla el Congreso. No tienen ningún interés en defender la independencia judicial; al contrario, han puesto a la justicia al servicio del Pacto de corruptos. Por ello, la Junta Directiva del Legislativo no tiene ningún interés en el recambio de magistrados. Para qué, si los actuales bailan al son que les tocan. Basta recordar cómo estos magistrados han protegido a impresentables como el diputado Felipe Alejos o la fiscal Consuelo Porras, porque entienden que forman parte de una estructura mafiosa que controla la mayoría de instituciones del Estado. Todo apunta a que se mantendrán en sus puestos en forma indefinida.

Pero no solo han puesto a la justicia hincada ante los corruptos, sino que ahora buscan eliminar a los jueces que les son incómodos. Ese es el caso de los juzgadores Pablo Xitumul y Erika Aifán. Ambos han llevado casos de alto impacto en contra de militares violadores de derechos humanos, funcionarios, políticos y profesionales implicados en corrupción. Lejos de encontrar respaldo en la alta corte, el ambiente en el que se desenvuelven estos jueces es hostil y existe la consigna de despojarlos de su inmunidad, someterlos a investigación penal y eventualmente encarcelarlos. Entonces, no estamos solo ante un grupo de magistrados que continúan en sus cargos, pese a haberse vencido el período por el cual fueron electos. Estamos frente a una conspiración que busca el completo sometimiento de la justicia a los intereses de las mafias que controlan el Estado. Esa es la esencia de unos magistrados que juraron lealtad a la clase corrupta del país.