El partido oficial quedó en octavo lugar en la elección presidencial. 180,414 guatemaltecos, que equivalen al 4.12% del electorado activo, le dieron su confianza a la dupla Estuardo Galdámez y Betty Marroquín. El resultado del partido oficial es registrado como el peor desempeño de una organización política en el gobierno en nuestra historia reciente; de esto no hay duda. En una democracia un poco seria el presidente y el vicepresidente ya hubieran dado declaraciones sobre la respuesta de los votantes a su gestión. Pero ese acto democrático y republicano es mucho pedir para quienes se caracterizaron por minar cualquier institucionalidad. Sin embargo, también debemos ver los números desde otras perspectivas porque si les sumamos lo obtenido por los partidos ligados directamente al oficialismo y los convertimos “en un solo mensaje”, como lo son la coalición del PAN con Podemos, Todos y Unionistas, el resultado es de 648,475 votos, y si a esto le agregamos que la UCN, el partido más cercano al narco en el país conforme investigaciones gringas, tiene la bancada más grande, después de los dos partidos que van a segunda vuelta, el punto para los pelos a cualquiera. Sandra Torres y Alejandro Giammattei tienen algo en común, no son claros en sus propuestas de lucha contra la corrupción y fortalecimiento del sistema de justicia, y eso les permite ganar adeptos en todas partes, incluso entre esos más de 600 mil guatemaltecos que apoyan una clara gestión antirrepublicana y antidemocrática.

La colega y amiga Marielos Monzón escribió en su columna de ayer un párrafo que copiamos: “Está clarísimo que el sistema político-electoral colapsó y que su captura nos ha llevado a la cooptación del Estado. Está claro también que el fraude electoral en Guatemala no se consuma en las urnas, como sí ocurría durante las dictaduras. El chanchullo está en el financiamiento ilícito y no reportado, el clientelismo y el caudillismo, en la compra de votos, en los acarreos, en las mafias disfrazadas de partidos políticos, en la utilización de recursos para la compra de voluntades y en la infiltración de los órganos de fiscalización y control, así como en la captura del sistema de justicia por la vía del fallido modelo de comisiones de postulación”.

Nuestras elecciones tuvieron grandes fallos y somos de quienes creemos que no fue en las urnas el problema. La descalificación, por las razones que se dejaron para el análisis histórico jurídico, de Zury Ríos y Thelma Aldana dejan muchas interrogantes sobre la vialidad de nuestro régimen electoral, y si a esto le sumamos la nebulosa sobre las propuestas de reforma estructural de Torres y Giammattei, la situación es más compleja. En el MP manda una fiscal general que tuvo injerencia directa en los resultados electorales. En la CGC manda un contralor que tuvo incidencia directa en las elecciones. En la Corte Suprema de Justicia se registran fallos que refrendan abusos del poder y que incidieron en las elecciones, y por último, la Corte de Constitucionalidad no quedó fuera e incidió en las elecciones al dictar fallos restrictivos de libertades y derechos conquistados en nuestro período democrático para revertirlos sin mayor sustento.

Para este escribiente, conociendo que buena parte de los votos obtenidos por las propuestas oficialistas fueron por clientelismo y compra de votos, también es preocupante la existencia de guatemaltecos con poder político, económico, social y académico que dieron su apoyo a esa alianza no escrita y que buscan mantener un Estado mercantilista y corrupto, solo que ahora ya no tienen ni vergüenza para decirlo, porque este gobierno sin el apoyo de esos sectores y de UCN, Todos, Unionistas, PAN y Podemos no hubiera llegado nada lejos.