SIN FRONTERAS

Minex habría defraudado a cuarenta mil migrantes

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Dicen que era abril de 2018 cuando los cónsules guatemaltecos en EE. UU. recibieron directrices superiores ministeriales. Estas debían ser acatadas inmediatamente y los obligaba a tomar medidas para que a partir de entonces una empresa particular hiciera las capturas de datos para quienes solicitaran pasaportes en consulados móviles. Esa habría sido una decisión tomada a nivel superior. La nueva empresa era la misma que ya proveía otro servicio al Ministerio, pues ya capturaban datos para las llamadas tarjetas consulares. Por esto, podría parecer una idea razonable. Sin embargo, según lo manifestaron en forma privada y en su momento varios cónsules, la sorpresiva orden originó preocupaciones; puntualmente, que no venía evidencia de que el proceso tuviera todas las de ley para que Migración, que es quien emite oficialmente el pasaporte, lo fuera a acatar. Se dice que algunos de estos cónsules se atrevieron a cuestionar la decisión, pero que habrían sido obligados a obedecer, con la forma cuasi militar característica ya de las órdenes que emanan hacia ellos desde la planta central.

' Pido al canciller Brolo audiencia, para informar si semejante atropello realmente se dio.

Pedro Pablo Solares

Como resultado de esta orden, a partir de mayo de 2018, en todos los consulados móviles de EE. UU., los paisanos que solicitaron un pasaporte habrían dado su información a esta empresa particular, nueva en ese servicio específico. Eso, hasta noviembre del mismo año, mes en el que el Instituto Guatemalteco de Migración habría dado su fatídico dictamen final, negando la emisión de los pasaportes solicitados a esa empresa, por anomalías evidentes en su contratación. En pocas palabras: el Estado guatemalteco habría defraudado a todos quienes se acercaron a un consulado móvil a solicitar su pasaporte durante esos siete meses. Haciendo cuentas rústicas: 16 consulados realizan eventos móviles en EE. UU. Cada uno de ellos, en promedio, recibe a 350 solicitantes de pasaporte. Esto, multiplicado por siete meses, computa a un total cercano a 40 mil usuarios que, de ser cierta esta información, habrían sido defraudados por el Estado guatemalteco.

Es indispensable traer a colación cuán vital es para un indocumentado el tener su pasaporte vigente. Esto puede ser la diferencia entre tener trabajo o no; entre poder viajar o quedarse varado; o entre ir a la cárcel o regresar a casa con su familia. Una proporción importante de los migrantes no pueden acercarse a la sede consular, razón por la cual los eventos móviles son masivos. Me atrevería a calcular que estos llegan a atender a una cuarta parte de los usuarios en EE. UU. Para llegar a ellos se gasta dinero, esmero, esfuerzo y sacrificio. No es tampoco atrevido calcular que entre gastos de transporte y horas de trabajo sacrificadas, llegar a un móvil puede costar US$300. Otra vez números rústicos: esto por 40 mil defraudados, el Estado guatemalteco habría producido pérdidas a los migrantes por casi US$12 millones, dinero que pudo ser enviado a sus familias en forma de remesas, o ser usado en gastos personales. Según se dice, el Ministerio ha tomado el asunto de forma liviana, simplemente ordenando repetir eventos, esperando que los usuarios repitan el proceso a su costa.

El desprecio en lo político mostrado abiertamente hacia los migrantes durante la gestión de Sandra Jovel tuvo tal desfachatez que hizo restar atención a lo brutal de la histórica mediocridad con la que el Estado atiende a los ciudadanos expatriados. No es conocido aún qué hará la nueva cancillería para corregir el agravio causado. Por ello, y por lo público del interés, solicitaré una audiencia al canciller Pedro Brolo. Esto con la comprensión de su ocupada agenda, pero ponderando la necesidad inminente de informar al lector y al público sobre el rumbo que se tomará en este deliberado agravio.

Ahí les cuento cómo me va.

ESCRITO POR:

Pedro Pablo Solares

Especialista en migración de guatemaltecos en Estados Unidos. Creador de redes de contacto con comunidades migrantes, asesor para proyectos de aplicación pública y privada. Abogado de formación.