Se supone que quienes abrazamos las profesiones de la salud lo hacemos con un sentido de convicción de servir a la sociedad y contribuir a evitar la muerte prematura y la enfermedad. Esto es especialmente válido cuando se trabaja en el sector público de salud, donde las condiciones de la red de servicios y laborales son crónicamente precarias que, sin una fuerte convicción y determinación, es muy difícil sacar adelante la tarea y perseverar por años en ese esfuerzo. El auge y prioridad que tomó la mercantilización de la salud en el mundo entero y en Guatemala en particular desde hace unos 30 años, donde atender la enfermedad se ha convertido en un negocio sumamente rentable para unos cuantos, ha impuesto todavía mayor precariedad al sector público de la salud, e impulsado un paradigma que hace ver como extraños y de menor categoría, a aquellos profesionales que ejercen dentro del sector público, al menos de forma parcial.

Son muchos los médicos y médicas ilustres que ha dado nuestro país que no solo se formaron en los hospitales públicos nacionales, sino que una vez especializados, volvieron a ellos y se han quedado allí viendo pacientes, sanando enfermos y formando a las nuevas generaciones de médicos. No digamos, aquellos que integran los equipos que trabajan en las direcciones de área de salud, en los hospitales regionales y departamentales y en los distritos de salud dispersos por todo el territorio nacional. Sin esa fuerza salubrista y la de los equipos que integran junto con técnicos, enfermeras, y otros trabajadores, nuestro país estaría todavía más hecho pedazos de lo que está.

Tristemente, son ellos y ellas quienes se han convertido en una población particularmente vulnerable en esta pandemia. Tenemos al menos 11 médicos y médicas y dos enfermeros (mujer y hombre) que ya perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y muchos otros más de baja por haber sucumbido ante el covid-19 por la falta de condiciones apropiadas, sin el equipo de protección correcto y careciendo de los refuerzos humanos, de recursos y tecnología necesarios para atender el desborde de pacientes que no pudimos prevenir por la mala aplicación de las medidas de contención.

El covid-19 ha demostrado de forma contundente lo dañino que es para toda la sociedad el carecer de un adecuado y efectivo sistema público de acceso universal, con un adecuado enfoque de salud pública y de atención primaria en salud. Son 30 años de impulsar políticas privatizadoras de los servicios públicos esenciales y de debilitamiento de las capacidades del sector público de la salud para favorecer un modelo que mercantiliza el bienestar humano en su esfera más esencial: la vida misma y la sobrevivencia. Sobre este problema estructural se asientan las ineficiencias mostradas por la actual administración en el manejo de la epidemia. El lastre histórico pesa, sin duda, pero pesa mucho más cuando encima, quienes pilotean el barco no saben a dónde van ni cómo llegar; porque van a ciegas, son sordos y pareciera que prefieren dejar que el barco naufrague antes que abandonar el botín.

Los profesionales de la salud estamos de duelo por nuestros colegas que ya perdieron la vida y tememos por quienes, aun corriendo similar riesgo, siguen allí, al lado de sus pacientes. Muchos de ellos sin paga, sin apoyo, ni recursos. Sin que los escuchen siquiera. Otros, intimidados porque se han atrevido a hablar. Dolemos también por los pacientes que luchan por su vida, y por el desconsuelo que sentimos de saber que, si nos llega a tocar, y a menos que tengamos un millón en reserva, lo más probable es que ya no tendremos a donde acudir.