Cuando se conoció del despido ilegal de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público se prendieron todas las alarmas. Algo muy grueso debía haber para que Alejandro Giammattei decidiera pedirle a Consuelo Porras la cabeza del fiscal anticorrupción y para que la funcionaria aceptara, sabiendo que semejante decisión supone costos extremadamente altos que, aunque no sea de forma inmediata, pagará con creces.

Era bastante obvio que algo muy turbio se estaba investigando. Por eso la reunión de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, con la fiscal general y el presidente Giammattei. Y por eso también el intempestivo aterrizaje de Porras Argueta en las instalaciones de la fiscalía especial -que coincidió con un operativo de vigilancia, bastante burdo por cierto- para tratar de detectar qué tanto se sabía de las andanzas del presidente y su círculo cercano.

Quizá la jefa del MP no sea del todo consciente de lo que significa ser un fusible que se puede quemar y sustituir cuando ya no es necesario y tampoco dimensione el peligro que supone ser parte de un pacto mafioso de la magnitud que está alcanzando el affaire ruso. Si como empieza a saberse, el uranio forma parte de la negociación, las connotaciones dejan de ser las de “otro escándalo de un país tropical” y adquieren dimensiones geopolíticas de impredecibles consecuencias.

La conferencia de prensa que el fiscal Sandoval ofreció la noche de su despido vino a confirmar las sospechas. ¿Qué hacían ciudadanos rusos en la residencia del mandatario y qué relación tenía su “visita” con el negocio de las vacunas y/o con los intereses de la compañía minera rusa asentada en Izabal? Esas y otras interrogantes que quedaron en el ambiente empiezan a responderse con el paso de los días y reflejan que la cantidad de mugre es tal que es imposible esconderla toda debajo de la alfombra.

Cualquiera pensaría que después de los escándalos de TCQ, del “agüita mágica” o de la “gallina con loroco” las clicas chapinas habrían aprendido que hay otros ojos que les observan y que en temas de narcotráfico, puertos, explotación minera y, por supuesto, energía nuclear se juega en las grandes ligas.

Pero confiados en que con el alineamiento de los tres poderes del Estado, la cooptación de las altas cortes, los buenos oficios del Tribunal Supremo Electoral y los servicios incondicionales de la abogada del pacto de la impunidad convertida en jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, están en buen resguardo, van dejando muchos flancos abiertos y muchos hilos de donde se puede tirar.

¿O es que acaso creen que las escuchas telefónicas, las operaciones y agentes encubiertos y los testigos protegidos son herramientas que solamente están al servicio del Pacto de Corruptos? ¿O alguien piensa que las fotos de los vehículos, las aeronaves y hasta de los pasaportes de los visitantes y sus acompañantes fueron fruto de la casualidad y que nadie se hará cargo de los elotes que se comieron?

Borrachos de poder y envalentonados porque los tentáculos de las redes criminales están volviendo a construir un enorme muro de impunidad y seguros de que sus acciones están siendo “toleradas” a cambio de ser funcionales y partícipes de una vergonzosa y represiva estrategia migratoria -para más señas basta ver lo que ocurre en El Ceibo- están tensando la cuerda y dando continuos pasos en falso.

El enriquecimiento ilícito y la impunidad son los factores de cohesión de las élites económicas y políticas, aún en el medio de una escalada de contagios y muertes evitables. Eso en época de pandemia no es otra cosa que un delito de lesa humanidad.