Por favor, ya basta de hacer caso omiso del monopolio de la educación pública universitaria. No es posible continuar con chapuzas, injerencias encubiertas y represión carcelaria. Es una herencia de hace más de 75 años, que llegó a su fin. La ley orgánica universitaria no se respeta en la integración de su dirección universitaria y es un estorbo para el crecimiento de facultades. Se actúa al margen de la ley y no existe preocupación por tal anomalía.

Todos los universitarios debiesen concurrir a elegir el Consejo Superior Universitario, pero en su lugar, grandes sectores de profesores y estudiantes, están fuera del proceso. También existen claras irregularidades como el doble voto manifestado en la participación como claustro por oposición y el voto en colegios profesionales. De esa cuenta, se perpetúan camarillas, donde al menor asomo de disidencia se expulsa a profesores sin oposición y funcionarios de los empleos universitarios.

La manera como se ha defenestrado al actual rector, muestra falta de estima por la dignidad universitaria. A la par, se esconde el bajo nivel de ocupación de las aulas y un escalafón sin control donde se consume una gran parte del presupuesto nacional. Tristes y no aclarados crímenes, han acontecido en el ámbito universitario. No nos referimos al enfrentamiento armado grabados con fuego en nuestra memoria; sino a los sucedidos después del asesinato del decano de Humanidades, Mario Alfredo Calderón Herrera en el 2008. La autoría interna de esa infamia ha sido cubierta con un manto de impunidad donde se mancha a la universidad.

Una dirigente universitaria, en el 2018, se quejó de la existencia de negocios clandestinos, venta al menudeo de drogas, grupos de choque para impedir la libre expresión y otros males. Después, la inseguridad queda patente en el asesinato por la guardia universitaria de un abogado, José Fernando Álvarez Granados en 2019. No se ha querido enfrentar la violación del derecho de asociación. Con perversidad se impone una organización oficial de estudiantes. Tal centralización exacerba la rivalidad ideológica y la penetración de grupos representantes de una variedad muy grande de intereses: desde la genuina expresión de la diversidad ideológica, hasta las catervas inescrupulosas de políticos instalados en los negocios públicos.

Las protestas necesitan de coaliciones donde existe una sucesión de diversos grupos. La última toma de los edificios administrativos de la rectoría, lo muestra. Al inicio grupos estudiantiles, pero se cansan por la imposibilidad de mantener al piquete 24 horas. Entonces, son sustituidos por ladronzuelos oportunistas. En la dirección de administración se sustrajeron 82 computadoras, proyectores, bocinas de sonido, micrófonos, hasta materiales para limpieza. Se registraron los escritorios para buscar bienes susceptibles de lucro, destruyendo documentos y robando sellos.

Es muy fácil señalar a los grupos iniciadores: CEU, los Conscientes y el FERG, pero es muy difícil encontrar a los postreros, ocupando el lugar de los que abandonaban. Llegaron después porque tenían más claro su fin: obtener beneficios por el hurto. Pero, también es fácil describir la actitud de los funcionarios alejados de considerar su deber de cuidar los bienes universitarios. Ante la primera acción, lo abandonaron todo; se van a casa, para seguir cobrando sin trabajar.

No se debe pedir mayor represión para evitar la disidencia sino adaptar la educación pública universitaria a la nueva realidad. Los acuerdos de paz indicaron que no podía continuar el monopolio estatal universitario.